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Propuestas para no tropezar de nuevo en la misma piedra
En España se empiezan a acumular intentos fallidos a la hora de investir a un Presidente del Gobierno. El artículo 99.5 de nuestra Carta Magna establece que “si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso”. Dicho precepto constitucional parecía hasta hace poco tiempo una remota posibilidad teórica que nunca se llevaría a la práctica. Sin embargo, y tras cuatro convocatorias a elecciones generales en menos de cuatro años, ahora se debe aplicar con demasiada frecuencia. Quizá porque la experiencia ayuda a incrementar el conocimiento, todo parece indicar que algunas de las normas reguladoras de este concreto asunto deberían ser reformadas. Se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Por lo tanto, merece la pena intentar que no sean tres o más las colisiones producidas por la frustración de repetir unos comicios electorales ante la incapacidad para designar al jefe del Ejecutivo. Dadas las circunstancias, me atrevo a proponer algunos cambios.
1.- Sobre el cómputo de los dos meses de espera: Considero que, en su caso, debería establecerse como plazo máximo, no como lapso de tiempo que tenga que transcurrir necesariamente para desbloquear una situación a todas luces enquistada. Si la imposibilidad aritmética derivada de la composición del Congreso o la inutilidad de los líderes de los grupos para buscar consensos son patentes desde el inicio, la obligación de soportar dos meses por semejante tesitura es un castigo innecesario. Ante situaciones de bloqueo evidente, procedería acortar dicho plazo o, en su caso, también contemplar la opción de alargarlo si la complejidad de la negociación requiriese de más días para el debate y el estudio de propuestas.
2.- Sobre la reelección de los mismos representantes que han demostrado su incapacidad para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad: En algunos foros se defiende la idea de prohibir a los mismos líderes presentarse de nuevo a la repetición electoral, como castigo por no ser capaces de poner en marcha la legislatura con normalidad. Desde un punto de vista constitucional, creo que esa propuesta es inviable. Sin embargo, sí pienso que debería otorgarse al votante la posibilidad de sancionar al concreto representante a quien reproche la paralización de las instituciones como consecuencia de su ego, de su soberbia, de su incoherencia o de su irresponsabilidad. Para ello, el voto debería desbloquearse a fin de, aun optando por la misma formación política, eludir a ese número uno al que considera causante del gravísimo panorama de parálisis institucional.
3.- Sobre la labor del Monarca: El artículo 99.1 de la Constitución Española establece que “el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”. Usa el tiempo verbal del imperativo (propondrá). Sin embargo, ahora se ha querido cambiar la obligación derivada de la forma imperativa por un mero condicional, dando la impresión de que el Jefe del Estado podrá proponer o no. Asimismo, se ha teorizado sobre si la hipotética persona elegida para someterse a la votación de investidura podría rechazar dicho encargo o estaría sometido al deber constitucional de aceptarlo, por más que lo hiciera en contra de su voluntad. Son puntos que deben aclararse definitivamente y no dejarse a criterios interpretativos poco transparentes. ¿La decisión de no proponer a un candidato se debe a su deseo de ahorrarse el bochorno de otra nueva sesión de investidura destinada al fracaso? ¿Es realmente el criterio de evitar ese mal trago el que ha prevalecer a la hora de tomar tal decisión?
4.- La reiteración de la campaña electoral: En el año 2016 se modificó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para acortar de quince a ocho días la campaña electoral en el supuesto de que se aplicara el artículo 99.5 de la Carta Magna. En mi opinión, el recorte es positivo pero corto. Actualmente, el concepto de “campaña electoral” circunscrito al periodo en el que una candidatura puede pedir directamente el voto es retrógrado, absurdo y caduco. Vivimos en una permanente campaña electoral de hecho y esos ocho días resultan manifiestamente innecesarios.
Valoremos y analicemos, pues, estos cambios como forma para mejorar nuestra democracia y el funcionamiento de nuestro sistema de gobierno. Se podrán proponer otras modificaciones distintas a las que yo he planteado en estas líneas, pero el peor de los escenarios continuará siendo el de perpetuar los errores y arrastrar los desaciertos por no saber aprender de la experiencia. En definitiva, el de seguir tropezando en la misma piedra.
Autopsia a las elecciones del 28 de abril
Transcurridos algunos días desde el 28 de abril, procede realizar ya un estudio lo más imparcial posible de lo sucedido. Las cifras ilustran una realidad objetiva que conviene observar con perspectiva crítica para desentrañar conclusiones políticas y llevar a cabo una adecuada lectura de la voluntad ciudadana. Objetivos, sin duda, complejos, pues abordar el análisis político implica siempre pisar terrenos pantanosos.
1.- Las cifras de las elecciones: Los comicios del 28 de abril eran los decimocuartos para elegir a los miembros de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado). Coincidían, además, con la elección de los diputados del Parlamento de la Comunidad Valenciana. Por lo que se refiere a las elecciones generales, éramos 34.799.107 los ciudadanos con derecho a voto, llamados a las urnas en 60.038 mesas electorales repartidas por todo el territorio nacional.
2.- Datos históricos anteriores al 28 de abril: La victoria que se tradujo en mayor número de escaños (202) fue la del PSOE en 1982. El triunfo que conllevó el menor número de escaños (123) fue el del PP en 2015. La de mayor porcentaje de votos (48,11%) correspondió al PSOE en 1982, mientras que la de menor fue la del PP en 2015 (28,71%). La victoria con más votos (11.289.335) recayó en el PSOE en 2008 y con menos (6.268.593) para UCD en 1979. El mayor triunfo del bipartidismo lo compartieron PSOE y PP en 2008 (323 diputados entre ambos) y el peor en 2015 (213 escaños entre los dos). En esta ocasión se ha igualado uno de esos records (el partido mayoritario gana con el menor número de escaños de la Historia, 123) y se ha batido otro (el denominado “bipartidismo” sólo acumula 189 escaños, su peor resultado).
3.- La participación: La participación media en las elecciones generales se situaba hasta ahora en el 73,79%. La máxima fue en 1982, con un 79,97% y la mínima en 2016, con un 66,48%. En 2019 ha marcado el 75,75%, por encima de la media histórica de este tipo de comicios.
4.- Las paradojas del sistema electoral: Pese a que en el Congreso de los Diputados el sistema electoral debe ser proporcional, la designación de la provincia como circunscripción electoral y su distribución de escaños sin seguir un estricto criterio poblacional provoca que la proporcionalidad se distorsione y que la igualdad del valor del voto se resienta. Ello, unido a la famosa “fórmula D´Hondt”, acarrea que el PACMA -con más de trescientos veintiséis mil votos- no obtenga ningún escaño, mientras que el Partido Regionalista de Cantabria -con poco más de cincuenta mil- sí. O que los apenas doscientos mil votos por los que supera el Partido Popular a Ciudadanos supongan nueve diputados más para los populares.
5.- Datos objetivos y lecturas subjetivas: El Partido Socialista recupera en estas elecciones dos millones de votos. Probablemente, uno de ellos lo obtenga de la merma de las “confluencias” de Podemos. A su vez, el Partido Popular pierde más de tres millones y medio de votos, al tiempo que Ciudadanos gana uno y VOX más de dos y medio. El PP se queda a menos de un punto porcentual de convertirse en el tercer partido en votos a nivel nacional, una posición que sí termina ocupando en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. Los populares ocupan la cuarta posición en las Islas Baleares, la quinta en el País Vasco y la sexta en Cataluña. Con estos resultados, la conclusión de que el PSOE ha ganado las elecciones y es la única formación política con capacidad para armar una mayoría y gobernar no ofrece lugar a dudas. El Partido Popular se desangra, quedando por ver si con capacidad de recuperación o herido de muerte. Ciudadanos, por su parte, si bien gana un millón de votos y aumenta veinticinco escaños, aún permanece alejado de las expectativas que le contemplaban como opción de gobierno liderando una mayoría alternativa. Podemos pierde diez escaños y casi millón y medio de apoyos (si restamos los perdidos en coaliciones con las que iba de la mano (Compromís, En Marea, etc…).
6.- El Senado: El Senado cuenta con un sistema electoral diferente. En lugar de ser proporcional es mayoritario, facilitando así la consolidación de grandes mayorías. El PSOE -que en el Congreso dispone de una mayoría simple- ahora goza de una absoluta en la Cámara Baja y tal diferencia se produce simple y llanamente por la aplicación de un modelo distinto de adjudicación de escaños.
7.- Previsiones para el futuro: Si el objetivo es aspirar a una legislatura de cuatro años que goce de cierta estabilidad y llevar a cabo un programa político expresado en concretas reformas y normas en vigor, se precisan apoyos para construir mayorías parlamentarias sólidas. Las matemáticas, en principio, apuntan a la alianza de dos formaciones políticas (PSOE y Ciudadanos) como opción aparentemente más “sencilla”. Sin embargo, la política no es una ciencia exacta y, lo que hasta hace poco se presentó ante la opinión pública y el propio Congreso de los Diputados como programa de Gobierno para una votación de investidura, hoy se vislumbra como una solución inviable. Resulta, pues, paradójico que lo más fácil de un punto de vista político se transforme en lo más complicado numéricamente hablando: abrazar la idea de un gobierno en solitario con apoyos puntuales votación a votación o depender de la ayuda permanente de una disparidad de siglas. En todo caso, el peor de los escenarios sería continuar profundizando en una política de bloques separados rígidamente y donde la mitad de la población pretendiera legislar en contra de la otra mitad.