Gerardo Pérez Sánchez

En una escena de la película de Oliver Stone “J.F.K.: Caso abierto”, el actor Kevin Costner manifiesta: «Cuando éramos niños, creo que la mayoría de nosotros pensábamos que la Justicia era algo automático, que la virtud era ya una recompensa en sí, que el bien triunfaría sobre el mal. Pero con el paso del tiempo aprendemos que eso no es verdad. Cada ser humano debe crear la Justicia, y eso no es fácil, porque a menudo la verdad es una amenaza para el poder. Y luchar contra el poder conlleva grandes riesgos». Pocas secuencias cinematográficas resumen mejor la esencia y los problemas de dicho concepto, tan básico y elemental para un Estado democrático y constitucional.

Es así. Desgraciadamente, la Justicia no es automática, ni se imparte desde el cielo de forma divina, ni se impone inexorablemente de manera inalterable. Muy al contrario, es una idea que los hombres tienen que construir. No se trata de un objetivo que se alcance un buen día y que nos acompañe indefinidamente. En absoluto. Se debe luchar por ella a diario. Y, puesto que es una creación humana, lo primero que debemos preguntarnos las personas es qué Justicia queremos. Estoy convencido de que la mayoría de los ciudadanos defienden un modelo muy similar, que incluya unas leyes justas, equitativas y lógicas aplicadas ecuánimemente por unos tribunales independientes, responsables y profesionales. Sin embargo, también tengo la impresión de que dicha población no percibe que la realidad se asemeje mínimamente a sus expectativas. La sensación generalizada es que existe una Justicia de primera clase y otra de clase “turista” y que el Poder Judicial está atenazado desde las más altas instancias del Estado. Y no es para menos.

Algunas medidas nacidas del Ministerio que dirige Alberto Ruiz Gallardón -como el incremento de las tasas- han ahondado la brecha en cuanto al acceso de las clases sociales a los recursos judiciales y al resto de los servicios propios de esta Administración. Además, los recientes casos que salpican las portadas de los medios de comunicación ponen de manifiesto de modo muy hiriente el doble rasero existente a la hora de imputar un delito cuando se es un personaje de gran relevancia social y política o se es un ciudadano anónimo que se enfrenta a un procedimiento penal. Por si fuera poco, y también de forma obscena y deplorable, asistimos a menudo a una flagrante intromisión política en el corazón del Consejo General del Poder Judicial o por parte de Magistrados con el carnet de un partido o con un perfil marcadamente sumiso a consignas partidistas (el último, el Presidente del Tribunal Constitucional).

Es cierto que existen miles de jueces, abogados, procuradores, secretarios y fiscales que desarrollan su ejercicio profesional en pos de ese ideal. Pero no por ello podemos negar la evidencia: ésta es la Justicia que tenemos pero no la que queremos. Reproduciendo de nuevo las palabras del personaje encarnado por Costner, cada ser humano debe trabajar por esa Justicia que quiere, incluso enfrentándose a los Poderes que han ideado y puesto en marcha la que tiene.

Con respecto a los tres ejemplos que he citado, sus soluciones son bastante obvias: supresión de las tasas judiciales y de los recortes que imponen límites aberrantes a la obtención de la tutela judicial efectiva; aplicación uniforme a todos los afectados por un procedimiento penal de la doctrina sobre los requisitos para una imputación; y eliminación de las influencias políticas sobre el Tercer Poder. Realmente no es tan complicado. Lo que ocurre es que la práctica totalidad de los Poderes del Estado está en contra de tomar medidas. No obstante, a pesar del escenario actual tan sombrío, todos nosotros tenemos que seguir luchando para que la distancia entre la Justicia que queremos y la que tenemos sea cada vez menor.