Gerardo Pérez Sánchez

En cuanto ha saltado la noticia de que el Juez instructor que investiga la trama “Nóos” ha imputado a la Infanta Cristina, los comentarios más generalizados se han centrado en el hecho de que, por primera vez en nuestra Historia, un miembro de la Casa Real iba a pasar por esa situación procesal. Pero, sobre todo, se ha puesto de manifiesto la sorpresa de quienes defendían que, como consecuencia de los privilegios y la especial posición de la afectada, dicha situación jamás se iba a producir. Sin embargo, y pese a lo inusual de la medida y a que con ella se instaura un precedente hasta ahora inédito, a mí me ha generado una sensación de normalidad.

Entre los principales valores que conforman un Estado de Derecho se encuentran la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, cuya plasmación se evidencia en la certeza de la aplicación de las normas. Si una sociedad se sorprende porque los jueces cumplan con su obligación o porque un ciudadano concreto -con independencia del cargo que ostente- sufra idénticas consecuencias que el resto, es que esa sociedad no tiene enraizada la cultura constitucional más básica. Recuerdo que cuando, primero como alumno y, después, como profesor de la Facultad de Derecho, participaba en debates sobre la posible inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía, muchos asistentes argumentaban que, como el Tribunal Constitucional nunca había anulado ninguno -de hecho, la primera vez fue con la sentencia de 2010 sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña-, lo normal era que nunca ocurriese, como si la ausencia de un antecedente obviara la evidencia de que, si cualquier norma vulnera la Carta Magna, procede su expulsión del ordenamiento jurídico. Así pues, parece que lo poco común nos resulta extraño.

Pero la verdadera cuestión a analizar no es si existe un precedente como el que ahora ocupa las primeras planas, sino si, jurídicamente, lo que acontece es normal y, por lo tanto, susceptible de ocurrir en un Estado que merezca ser calificado como Constitucional y de Derecho. En ese sentido, y preservando la presunción de inocencia de la Infanta hasta el momento mismo de la sentencia, lo normal es lo que ha sucedido. Es más, lo anormal hubiese sido que no sucediese porque, tras la lectura de los dieciocho folios de la resolución judicial y al margen de que puedan discutirse sus razonamientos jurídicos, la conclusión más ajustada a la lógica jurídica es la imputación.

Además de todo lo anterior, siempre he defendido la improcedencia de confundir a la persona con la institución a la que representa. En mi opinión, la mejor manera de defender y preservar la reputación de los cargos públicos es actuar con la mayor contundencia contra quienes, ocupándolos, pudieran actuar de forma delictiva o censurable. Nada corrompe más un sistema que la sensación de que sus representantes -políticos, institucionales o de otra índole- lleven implícitos determinados privilegios y prebendas a la hora de asumir su responsabilidad. Lo más sano para cualquier democracia es que el poderoso pague sus culpas como los demás y la mayor torpeza es la tendencia a tapar los trapos sucios, en este caso, bajo el manto de la Realeza.

Los defensores de la Monarquía tendrían que ser los primeros en aplaudir la medida del Juez Castro y asumirla con naturalidad. Y los detractores, si sienten un mínimo de adhesión por el modelo social de libertades que nos hemos otorgado, deberían también congratularse con una resolución que ha de ser considerada ejemplo de normalidad en un Estado como España.