Gerardo Pérez Sánchez

Soy partidario de potenciar las instituciones de democracia directa. Tratar de que los ciudadanos se impliquen en mayor medida en las decisiones que les afectan, además de aumentar el nivel de calidad democrática, disminuiría la enorme desconexión existente entre dicha ciudadanía y su clase dirigente. El razonamiento es bien sencillo. Si el pueblo se siente partícipe de las resoluciones adoptadas, si percibe que su opinión es tenida en cuenta, si es consciente de que se insta a su participación, disminuye exponencialmente la posibilidad de que perciba a su sistema de gobierno como una realidad lejana respecto de la que no tiene apego alguno. Así se constata en los Estados donde la fórmula del referéndum se ve como una opción normal y hasta cotidiana. Por el contrario, es bastante obvio que esa pretensión de consolidar la democracia por el mero hecho de convocar a los votantes a las urnas cada cuatro años y a través de un sistema electoral en el que no participan ni en la designación de los candidatos ni en la determinación de las políticas, desemboca en innegables falta de interés, desidia y desafección popular.

Dicho esto, el referéndum, como todo mecanismo destinado a mejorar la salud de nuestro sistema constitucional, debe usarse correctamente. De lo contrario, podría terminar por desvirtuarse. Por lo tanto, es trascendental quién hace la consulta, cómo y para qué. Y ello es así porque la democracia tiene reglas que se deben cumplir y respetar. De modo que, por mucho que yo defienda este tipo de consultas, considero asimismo que pueden constituir un grave error si se convocan por quienes no son competentes, de forma contraria al ordenamiento jurídico o sin un motivo constitucionalmente válido y legítimo. En este sentido, ya me he pronunciado en contra del proceso soberanista catalán, a través del cual sus impulsores parecen estar conduciendo a Cataluña hacia el abismo.

En el día de ayer, el Gobierno de Canarias ha acordado solicitar autorización al Ejecutivo Central para llevar a cabo una consulta ciudadana en relación a las prospecciones petrolíferas previstas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.  La pregunta del Ejecutivo isleño a los canarios sería la siguiente: «¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?»

En principio, tal y como ocurre con el conflicto catalán, puede argumentarse en defensa de la citada propuesta que nada mejor ni más democrático que consultar al pueblo. Nada más bienintencionado ni más loable. Sin embargo, opino que para realizar tal consulta resulta imprescindible que la población convocada a la misma tenga capacidad de decisión sobre el asunto en cuestión. Y la explicación es bien sencilla de entender. No tiene ningún sentido preguntarle al pueblo canario sobre cuestiones que él no puede decidir.  En otras palabras, resulta muy difícil de explicar que los habitantes de una Comunidad o región en concreto puedan pronunciarse sobre asuntos de competencia estatal (a no ser que se les consulte sin intención de tener en cuenta su opinión o sin que ésta vaya a ser vinculante, lo que, a mi juicio, tampoco sería aconsejable para mejorar esa deseable implicación popular de la que antes hablaba).

Son muchas las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que establecen que la competencia para autorizar prospecciones o explotaciones petrolíferas submarinas en las aguas bajo jurisdicción española corresponde en exclusiva al Estado (no a las Comunidades Autónomas, puesto que el territorio de éstas no incluye, de ningún modo, el subsuelo marino). El TC estableció precisamente dicho criterio al desestimar el recurso interpuesto por el propio Gobierno canario contra un artículo estatal que reservaba al Estado la competencia de autorizar actividades de investigación o explotación petrolífera en dicho subsuelo marino.

Luego la pregunta es la siguiente: si la competencia no es autonómica, si la decisión no pertenece a la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿para qué consultar a su pueblo? Para decidir sobre la cuestión, obviamente no. La única explicación que se me ocurre es que se trate de una maniobra para desgastar políticamente al que sí tiene la competencia, utilizando a la ciudadanía como arma arrojadiza. Y, en ese caso, se estaría desnaturalizando la esencia del referéndum, convirtiéndolo en otra estratagema más al servicio de un partido político.

Distinto es que se cuestione si la competencia debe ser o no exclusivamente estatal. En efecto, podría ser susceptible de argumentación pero, para ese debate, esta consulta popular también resultaría inoperante.