Gerardo Pérez Sánchez

Decía Winston Churchill que una nación que desea prosperar a base de impuestos es como un hombre que, con los pies en un cubo, trata de avanzar tirando del asa. El progreso de una nación no puede basarse exclusivamente en políticas fiscales pero asimismo resulta obvio que dichas políticas son imprescindibles para construir un Estado, además de social y solvente, justo. En los últimos días han aparecido en los medios de comunicación numerosas noticias que ponen de manifiesto lo dañinas que resultan algunas normativas sobre esta materia. Tan solo citaré tres ejemplos de máxima actualidad.

El primero es la medida del presidente francés François Hollande dirigida a establecer tipos impositivos de hasta el 75% para determinadas fortunas. Varias personalidades del país vecino, entre ellas el actor Gerard Depardieu, han decidido “emigrar” a Bélgica justo antes de que el Consejo Constitucional galo haya declarado la inconstitucionalidad de la norma.

El segundo se centra en el hecho de que la Secretaria General del Partido Popular y Presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, haya pagado tres mil euros en el Impuesto sobre la Renta pese a declarar unos ingresos superiores a los doscientos mil.

El tercero, un poco más antiguo, se refiere a unas declaraciones del multimillonario norteamericano Warren Buffett en las que criticaba que su secretaria pagara más impuestos que él.

Nuestra Constitución establece el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en función de la capacidad económica de cada contribuyente mediante un sistema tributario que, según establece la propia Carta Magna, debe ser justo y estar inspirado en los principios de igualdad y progresividad, sin que, en ningún caso, tenga alcance confiscatorio. Son dos, pues, los requisitos exigibles: que paguen más los que más tienen (de ahí la referencia a la progresividad y a que cada uno aporte según su capacidad económica) y que no se esquilmen los patrimonios a causa de unos tributos demasiado elevados.

No obstante, el Tribunal Constitucional español no se ha mojado a la hora de clarificar a partir de qué porcentaje pudiera considerarse confiscatorio un impuesto. En cambio, ha dejado claro que se trataría de ese pago que, más que una contribución, se convertiría en la práctica extinción de una riqueza.

Sin embargo, su homólogo alemán sí ha establecido unas pautas más concretas que indican que el importe reclamado no puede incidir sobre la sustancia del patrimonio ni exceder de, aproximadamente, la mitad de sus rendimientos. Este pronunciamiento acuña el principio de la partición por mitad extendido por toda la doctrina europea y que implica que la carga total impositiva del producto potencial no debe sobrepasar el cincuenta por ciento del mismo.

Pero idéntica relevancia que los límites recaudatorios ha de tener la exigencia de que quienes posean rentas superiores contribuyan en mayor medida al sostenimiento de los gastos públicos. No es de recibo que al ex presidente de la Patronal, Gerardo Díaz Ferrán –actualmente en prisión- le saliera a devolver su Declaración de la Renta de 2010, como tampoco lo es que a un cargo público de primer orden sus ingresos anuales de doscientos mil euros le supongan una exigua aportación de tres mil.  Porque, al final, la sensación que nos queda a los ciudadanos de a pie que pagamos sin rechistar es que, además de nuestras facturas, pagamos las ajenas, las de cierta élite que, a pesar de su notoria y manifiesta riqueza, termina por eludir, disfrazar o encubrir sus obligaciones, convirtiendo en papel mojado ese principio sagrado de que paguen más los que más tienen.

En mi opinión, la escasa eficacia de otros muchos principios que inspiran el articulado de la vigente Constitución y que se emplean para redactar discursos y para presumir de las supuestas bondades de nuestras normas -pese a su raquítico cumplimiento- debería hacernos reflexionar, cuando no, directamente, avergonzarnos.