Gerardo Pérez Sánchez

En navegación aérea se conoce como “punto de no retorno” al momento del vuelo en el que, debido al consumo de combustible, un avión ya no es capaz de volver al sitio del que partió. Este concepto es especialmente importante en las travesías espaciales dado que, si la tripulación no puede retornar al planeta Tierra, la nave quedará perdida para siempre. En un lenguaje más coloquial, esta expresión se utiliza para referirse a determinados acontecimientos que, si no se corrigen a tiempo, desencadenarán consecuencias irreversibles que impedirán el regreso a la situación originaria. Mi sensación personal, prácticamente una certeza, es que España está a las puertas de alcanzar dicho punto de no retorno y que, de no variar sustancialmente su actual rumbo, deberá certificar la muerte del sistema constitucional del que se dotó hace casi treinta y cinco años.

Uno de los aspectos que justifican este razonamiento (no es el único pero sí  muy destacado) es que nuestro modelo territorial se atrofia y languidece agónicamente, de tal manera que, en vez de constituir una organización eficaz y reconocida por los ciudadanos a los que tiene que servir, se ha convertido en un doble problema económico y político. El cúmulo de duplicidades e incluso triplicidades de las Administraciones choca con unos movimientos secesionistas que, aunque disfrazados de otra cosa, siempre han existido y ahora están empezando a quitarse las caretas, desestabilizando así esa unión proclamada en nuestra Constitución. Los grandes culpables de esta situación son los dos grandes partidos políticos que han gobernado España durante los últimos treinta años, quienes, obviando la verdadera naturaleza de las pretensiones de los nacionalistas, no han dudado en lanzarse a sus brazos siempre que les han necesitado para obtener sus irrenunciables cuotas de poder. De hecho, han establecido unas normas electorales manifiestamente injustas que les han otorgado una representatividad que no se corresponde con el número de votos obtenidos. Y así, estos dos grandes partidos (utilizo el adjetivo “grande” para describir la magnitud del poder que atesoran, no para calificar su nivel y su altura política) han colaborado a acrecentar unas tendencias ideológicas que se dedican, entre otras cosas, a alterar el sistema de consensos. Pues bien, ya se vislumbra en el horizonte la posibilidad de que sus aspiraciones independentistas se hagan realidad inevitablemente.

Está claro que el empeño en negar la evidencia no es la solución. Engañar a la población o auto engañarse repitiendo machaconamente que el problema no existe, no lo va a hacer desaparecer. Se trata de una situación muy delicada que debe resolverse de una vez por todas. En mis clases en la Universidad les digo a mis alumnos que, a priori, los diversos sistemas no son buenos ni malos sino que lo serán en función de su aplicación, de los resultados logrados y de su grado de aceptación popular. Un Estado federal no es mejor o peor que uno centralista, ni uno descentralizado tiene por qué ser más o menos eficaz que otro que no lo sea. Alemania es un Estado federal. Francia es un Estado centralista. Sus habitantes no se sienten más o menos felices u orgullosos de sus Administraciones por haber optado por uno u otro modelo. Se trata, sencillamente, de los que se ajustan mejor a la decisión de las mayorías y de los que se configuran de forma más sensata y eficiente, aceptando las minorías su condición de tal y no dedicándose a torpedear la estructura acordada democráticamente.

Se impone un cambio que, a buen seguro, mejorará el sistema porque peor no cabe. No podemos volver a las competencias compartidas y a las concurrentes, a las duplicidades y descoordinaciones, a las constantes reivindicaciones de más funciones y más financiación. Todo eso debe ser agua pasada puesto que hemos llegado a un punto de no retorno que requiere evolucionar. Pero, tristemente, existe un miedo inmenso a abordar el tema (entre otros muchos) de una posible reforma constitucional. Las formaciones que se han beneficiado del actual modelo hasta la fecha sienten verdadero pánico a perder su ventajosa situación de liderazgo. Sin embargo, la pregunta que deben formularse es si la vía actual es la más adecuada para servir a la ciudadanía y si es la que ésta quiere de verdad. Porque, en definitiva, siempre se termina por olvidar que un Estado Constitucional se crea para beneficiar al pueblo, no para apuntalar las cuotas de poder de un par de partidos políticos.