Gerardo Pérez Sánchez

En estos últimos días han sido numerosas las informaciones que, sobre la actuación del Ministerio Fiscal en asuntos judiciales de gran relevancia, han encontrado eco en los medios de comunicación. Entre ellas, sobresalen los recursos de la Fiscalía contra el auto de imputación de la Infanta Cristina o contra el encarcelamiento del ex Presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, lo cual que generado suspicacias hacia la actuación de dicho órgano. Según la ley que lo regula, la función del Ministerio Fiscal es defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. Se configura como un órgano de relevancia constitucional que ejerce su misión conforme a los principios de unidad de actuación y de dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Quizá sea esto último lo que mueva a confusión, en la medida en que estar sometido jerárquicamente y, al mismo tiempo, actuar con imparcialidad puede resultar, en ocasiones, contradictorio.

La jerarquización del organigrama se aprecia claramente en su estructura, en cuya cúpula se sitúa el Fiscal General del Estado que, designado por el Gobierno, ostenta la jefatura superior y su representación en todo el territorio español. Le corresponde impartir las órdenes e instrucciones relativas al servicio y al orden interno de la institución y, en general, la dirección e inspección de la misma. A partir de ahí, dicho organigrama responde a su cadena de mando. Así, los Fiscales Jefes de las Fiscalías Provinciales están subordinados al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma y los Fiscales Jefes de las Fiscalías de Área lo están a los Fiscales Jefes de las Fiscalías Provinciales.

¿Puede ser compatible esa forma de entender el Ministerio Fiscal con una actuación imparcial e independiente, exclusivamente ligada a la defensa de la legalidad? ¿Es descabellado sospechar que en procesos judiciales de innegable calado político la designación del Fiscal General del Estado por parte del Gobierno no sea un factor determinante? La normativa establece que el Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber mediante informe razonado a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente, reconsiderándola o ratificándola. De proceder de un superior, elevará informe a éste, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera, oyendo previamente a la Junta de Fiscalía. Y si la orden fuere dada por el Fiscal General de Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala.

Por el contrario, las sanciones al Fiscal que no cumpla con las órdenes pueden ir desde la simple advertencia hasta la multa, el traslado o la suspensión. En esta tesitura, un fiscal que considere que las órdenes que ha recibido en procesos de manifiesta repercusión política son contrarias al ordenamiento jurídico, tiene a su alcance varias vías para oponerse. Sin embargo, el hecho de tener que optar entre la comodidad de cumplir las instrucciones de sus superiores y asegurarse un próspero futuro profesional o el peligro de enfrentarse a ellos y arriesgarse a ser sancionado, indica que el correcto funcionamiento de la Fiscalía -tal y como está configurada en la actualidad- pasa porque sus miembros tengan un concepto de la Justicia (con mayúsculas) y una valentía por encima de sus propios intereses.

Por todo ello, que Alberto Ruiz Gallardón pretenda ahora sustraer a los jueces la instrucción de los procedimientos penales para depositarla en manos de unos fiscales cuya cúpula jerárquica lleva implícitas evidentes conexiones políticas hace que, una vez más, el Ministro de Justicia apueste decididamente por un sistema que da la espalda a los principios básicos del constitucionalismo y del Estado de Derecho tal y como los entendemos. En otras palabras, que sigue en su línea.