Gerardo Pérez Sánchez

  La soberanía es uno de tantos conceptos que ha quedado desfasado con el paso del tiempo. Tradicionalmente, hacía referencia a aquel poder considerado el superior dentro de las fronteras de un Estado y, además, independiente de cualquier injerencia exterior. Así definido, el sustantivo y su significado iban de la mano. En otras palabras, existía una armonía entre el término “soberanía” y lo que éste quería decir. Sin embargo, con el transcurrir de los siglos, la historia constitucional comenzó a matizar este concepto tan relevante, de tal manera que hoy en día no es más que una expresión emborronada y una imagen difuminada de lo que antaño fue. «El hombre ha nacido libre y en todas partes está encadenado», decía Jean Jacques Rousseau. Pues bien, con la soberanía ocurre algo parecido. Se da por hecho que refleja un poder de decisión absoluto e incuestionable pero, en realidad, se encuentra mediatizada hasta convertirse en la antítesis de lo que debe ser en realidad.

Así, la soberanía nacional, que conforme al artículo primero de nuestra vigente Constitución reside en el pueblo español, se pliega en muchos aspectos a otras normas y decisiones que provienen de la Unión Europea en base a su voluntaria decisión de ceder a dicha organización internacional una serie de importantes competencias. Y también ahora se está encontrando con las peticiones de algunas Comunidades Autónomas de ser depositarias parciales de esa soberanía nacional. De hecho, el Presidente canario Paulino Rivero publicó en el día de ayer un artículo titulado “Soberanía compartida” en el que solicita esa citada parte alícuota. Así las cosas, si determinadas personas defienden y admiten que la soberanía se trocea, se parte y se reparte, confío en que, al menos, sean conscientes de que el supuesto botín que pretenden adjudicarse nada tiene que ver con aquel concepto originario sobre el que teorizaban y debatían los padres del Constitucionalismo. Ciertamente nos hallamos ante una noción golosa: Soberanía. Lástima que ya no signifique aquello que sonaba tan bien cuando se pronunciaba en el pasado y traía a las mentes reminiscencias de poder, autodeterminación e independencia. Pero precisamente por ser un término que todavía embelesa es por lo que se utiliza tanto en el debate político, a pesar de que la tozuda realidad se empeñe en demostrar que, en la práctica, poco o nada queda actualmente de lo que significó en su momento. Paulino Rivero justifica básicamente su reclamación de “soberanía compartida” en un reconocimiento de las especificidades canarias, en una mejora del autogobierno y en una demanda de mayor solidaridad y justicia. Sin embargo, a cualquiera que analice la situación no se le escapa que el otorgamiento de una parte de la soberanía no implica necesariamente que las quejas que fundamentan tal petición se solucionen. La mayor o menor solidaridad entre las regiones, el mayor o menor nivel competencial o el reconocimiento de las singularidades isleñas son asuntos que pueden tratarse separadamente y, por supuesto, al margen del tema de la soberanía. Si el presidente del Ejecutivo recurre a este debate es por lo atractiva que le resulta al electorado nacionalista la utilización del manido término, cuyas connotaciones revolucionarias, románticas y cuasi poéticas ayudan a que el resto del mensaje se trague con mayor facilidad. El argumento de que si nos dieran más dinero lo haría mejor, o de que si nos otorgaran más competencias todo cambiaría para bien, o de que si nos colocaran al nivel que nos merecemos otro gallo nos cantara, es discutible. Pero lo que es evidente es que nada tiene que ver con la soberanía, a no ser que Rivero entienda por soberanía otra cosa distinta de lo que en su día fue y de lo que hoy es.