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El abecedario del maltrato habitual

Recientemente el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia confirmando una condena impuesta por maltrato habitual, así como por amenazas y agresión sexual, en ambos casos de forma continuada y todo ello dentro del ámbito familiar. La relevancia de la misma radica en que ofrece lo que se ha denominado como el “abecedario del maltrato familiar”, una enumeración de la “a” a la “z” de las características de este tipo delictivo, de tal forma que constituye un breve manual de Jurisprudencia que, a buen seguro, se usará con frecuencia a partir de ahora por el resto de Tribunales. Las veintisiete reglas que fija nuestro T.S. son las siguientes:

a.- Con el maltrato habitual, el bien jurídico que protege el artículo 173.2 del Código Penal (en adelante CP) es la pacífica convivencia entre personas vinculadas por los lazos familiares o por las estrechas relaciones de afecto o convivencia.

b.- En la mayoría de ocasiones, la única prueba con entidad suficiente para sustentar la condena del acusado será precisamente el testimonio de la víctima, por lo que no puede prescindirse de la misma. La declaración de dicha víctima puede ser prueba de cargo bastante.

c.- Mediante el maltrato habitual se ejerce un clima de «insostenibilidad emocional» en la familia mediante el empleo de una violencia psicológica de dominación, llevada a cabo desde la violencia física, verbal y sexual.

d.- Mediante el maltrato habitual, el autor de este delito ejerce y pone de manifiesto el mensaje que pretende trasladar a los miembros del núcleo familiar mediante una subyugación psicológica, que pone de manifiesto a través del ejercicio de la violencia.

e.- El maltratador habitual desarrolla así con su familia un mensaje claro y diáfano de lo que podríamos denominar “jerarquización de la violencia familiar”.

f.- Se sanciona la misma habitualidad, por cuanto supone un plus de reprochabilidad penal.

g.- El maltrato habitual en la violencia doméstica es un delito autónomo cuyo bien jurídico protegido es la integridad moral de la víctima. Su forma de manifestación puede ser física, pero también psicológica, pudiendo causar incluso en algunos casos más daño a las víctimas el psicológico que el físico, por cuanto puede que ni tan siquiera lleguen a percibir que están siendo víctimas.

h.- Además, en lo que atañe a la relación concursal entre el delito de maltrato habitual del artículo 173.2 CP y los delitos de maltrato individual del artículo 153.1 CP, recuerda la doctrina que el delito del artículo 173.2 CP mantiene su autonomía respecto de los eventuales tipos que puedan resultar de los actos violentos que, repetidos, constituyen su sustrato y esencia.

i.- El delito del artículo 173.2 CP se consuma cuando la actuación se manifiesta de manera habitual y determina la creación de una convivencia insoportable para la víctima, la cual vive y respira en una situación de miedo, depresión y ansiedad.

j.- La conducta que se sanciona en el art. 173.2 es distinta de las concretas agresiones cometidas contra esas personas, lo que se corresponde con el inciso final del precepto, que establece la pena para la violencia habitual sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.

k.- En los casos de maltrato habitual que se prolonga a lo largo del tiempo, puede haber concreción o no de fechas, y puede ser difícil que la víctima o víctimas las recuerden con detalle.

l.- La habitualidad no es un problema aritmético de número mínimo de comportamientos individualizados que han de sumarse hasta alcanzar una determinada cifra.

ll.- La apreciación de ese elemento de habitualidad depende, pues, de la atmósfera general de superioridad y de dominio hacia la víctima.

m.- La habitualidad, así configurada, responde a un concepto criminológico-social más que jurídico-formal. Será conducta habitual la del que actúa repetidamente en la misma dirección, con o sin condenas previas.

n.- El maltrato habitual genera la existencia de un solo delito, aun cuando ese clima habitual violento pueda afectar a varias personas.

ñ.- El tipo del artículo 173.2 CP se aproxima a la categoría de los delitos de Estado que no aparecen vinculados a una concreta identidad de la persona víctima, pudiendo ser una o varias.

o.- Con el maltrato habitual se ejerce un ambiente infernal e irrespirable que envolverá la convivencia, a partir de los actos de violencia o cosificación dirigidos en el tiempo sobre la misma o diferentes personas, resultando incluso indiferente que algunos de tales actos hubieren sido ya enjuiciados.

p.- El número de personas directamente afectadas por dicho clima violento duradero, como la frecuencia con que se reiteren los actos de violencia, la naturaleza concreta de los comportamientos o el daño que los actos de dominación puedan irradiar a los demás integrantes de la unidad familiar, servirán como parámetro para evaluar los indicadores de antijuridicidad de la acción y el alcance de la culpabilidad del responsable.

q.- El maltrato habitual se configura con unas características de especial crueldad en el autor. Aunque sean actos que aisladamente pueden conllevar una penalidad reducida, la reiteración en esos hechos provoca un doble daño en la víctima, lo que agrava el padecimiento de las víctimas de violencia de género y doméstica.

r.- El maltrato habitual produce un daño constante y continuado del que la víctima o víctimas tienen la percepción de que no pueden salir, y del acoso de quien perpetra estos actos.

s.- En el maltrato habitual puede que el silencio haya sido prolongado en el tiempo hasta llegar a un punto en el que, ocurrido un hecho grave, se decida finalmente a denunciar.

t.- El retraso en denunciar la víctima los actos de maltrato habitual no puede ser tenido en cuenta para minimizar la credibilidad de su declaración.

u.- Ello va unido a que, cuando la víctima se decide a denunciar, pase a un escenario de incremento del riesgo para su vida.

v.- En el maltrato habitual, la inexistencia de denuncias previas no es entendible como si la declaración de la víctima no sea cierta o sea inexacta.

x.- Que la víctima se decida, al final, a denunciar los malos tratos habituales tras un hecho de gravedad, no altera su credibilidad.

y.- La redacción del art. 173.2 CP, que sanciona la mera conducta habitual del maltrato como tipo penal autónomo, tiene una específica misión de impartir un mayor reproche penal a una conducta tan execrable como lo es el maltrato reiterado.

z.- La relación de sometimiento psicológico que provoca el maltrato, y que puede plasmarse en graves secuelas psíquicas, determina la paralización de tomar decisiones libres a la víctima, ya que no es consciente de que esté siendo victimizada.

Abuso de la contratación temporal en las Administraciones Públicas: Secretos y mentiras

El Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, contó con una convalidación de lo más atípica en el Congreso de los Diputados. En una primera votación se llegó a un empate a 170 votos entre los que apoyaron y los que se opusieron a la norma. En una segunda votación, el resultado de 170 a 169 evidenció una deserción entre quienes inicialmente rechazaron la medida, y terminó saliendo adelante junto con el compromiso de tramitar como Proyecto de Ley el texto del citado Real Decreto, dejando formalmente abierta la puerta a modificaciones. Por ello, ahora se ha abierto un plazo de enmiendas para que los Grupos Parlamentarios puedan proponer cambios a la redacción nacida del Gobierno del Estado.

El problema presenta una enorme trascendencia. Varios cientos de miles de trabajadores públicos se hallan afectados y España lleva ya dos décadas de retraso en el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea que pretende controlar, limitar y sancionar a las Administraciones Públicas que abusen de la contratación temporal para cubrir sus necesidades permanentes. Durante estos veinte años, el Estado, las Comunidades Autónomas y los entes locales han actuado con una cómoda impunidad, utilizando las contrataciones de interinos y eventuales sin ningún control, y con el arrogante descaro que les proporcionaba la total ausencia de normativa interna que diese cumplimiento a los mandatos comunitarios.

Muchos años y muchos esfuerzos han sido necesarios para aglutinar una continua jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reiteradamente sentencia contra España criticando sus políticas públicas de personal. También existe un expediente abierto de la Comisión Europea contra nuestro país a cuenta de este asunto. Sin embargo, nuestros dirigentes no se sienten compelidos ni preocupados por el tema, dado que, hasta ahora, las soluciones propuestas para acabar con la citada temporalidad ignoran y dan la espalda a esas resoluciones y advertencias que proceden de Europa.

Y no es solamente eso sino que, directamente, mienten. En el Preámbulo del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (que procede del Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio) se puede leer literalmente que “el TJUE comparte la postura, defendida por España, de que no cabe en nuestra Administración la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente”, lo cual es falso. Sin embargo, semejante mensaje es difundido por los canales oficiales con la misma impunidad con la que han actuado en esta materia durante tantísimos años.

Ahora bien, lo que evidencia la total falta de voluntad para afrontar la cuestión con rigor y honestidad es la ausencia de un reconocimiento efectivo del verdadero problema que encierra. En ningún momento, ni en el articulado ni en la Exposición de Motivos de la norma, se asume ese retraso de veinte años en cumplir con la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo sobre el trabajo de duración determinada. Ni una sola línea en donde se entone un “mea culpa” por el abuso en la contratación temporal durante todo este tiempo. Y, por supuesto, una total ausencia de asunción de las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

No existe ni un precepto destinado a definir qué trabajadores se entiende que se encuentran en abuso de la temporalidad, como tampoco ninguno para reconocer su derecho a una compensación por ello. De modo que, salvo que efectivamente en este trámite de enmiendas se produzca un cambio sustancial, el Real Decreto-Ley 14/2021 fue, y la futura ley será, una pantomima que pretende ocultar una grotesca realidad: que normativamente no existirá reconocimiento ni resarcimiento alguno para cientos de miles de personas que han sufrido unas políticas de personal arbitrarias por parte de las Administraciones Públicas. Mientras se ha inspeccionado y sancionado en el sector privado a los empresarios que irregularmente recurrían a los contratos temporales, al mismo tiempo el sector público ha gozado de una sonrojante impunidad en idéntico terreno.

En definitiva, salvo que en las Cortes Generales se cambie radicalmente lo aprobado por el Gobierno de la Nación, a los interinos y eventuales en abuso de la temporalidad sólo les quedará acudir a los Tribunales de Justicia y esperar que las normas y sentencias comunitarias no se ignoren por el Poder Judicial como se están ignorando por los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Pero, incluso aquí, la situación resulta incomprensible. Actualmente, los juzgados y tribunales que tramitan y juzgan las reclamaciones de los empleados públicos temporales con un vínculo laboral, se someten a unas pautas y formas de aplicar las leyes diferentes de los que mantienen un vínculo administrativo. Dicho de otro modo: los criterios de la Sala Tercera (de lo Contencioso Administrativo) y de la Sala Cuarta (de lo Social) del Tribunal Supremo no son coincidentes a la hora de definir quién está en situación de abuso de la contratación temporal y quién no, generando así una discriminación inasumible entre unos trabajadores públicos y otros.

La parte molesta de la libertad o el problema de fijar sus límites

Numerosas personas comienzan a tener la sensación de que el espacio reservado para la libertad individual es cada vez más pequeño. La libertad constituye un concepto complejo y extraño que tan pronto se ensalza como se teme, y que tan pronto se proclama como un derecho esencial y básico para una sociedad como se defiende la necesidad de imponerle límites a modo de mecanismo de defensa. De la libertad surge la plena dignidad del individuo y de la comunidad en la que vive, así como también la difusión de ideas y actos que pretenden destruir o enturbiar los valores y principios que sustentan la convivencia, y nos encontramos ante el difícil problema de ponerle coto sin desnaturalizar lo que significa y sin permitir que se convierta en una herramienta para la destrucción del conjunto de derechos y libertades.

En los últimos tiempos da la impresión de que en esa compleja labor están ganando terreno quienes defienden la reducción de la esfera de libertades sobre el argumento de la seguridad y la defensa de nuestro modelo de sociedad. Y, dentro de esa paradójica lucha, la libertad de expresión se alza como uno de los frentes en los que se batalla con mayor crudeza. Cada vez más a menudo toleramos oír exclusivamente aquello que se ajusta a nuestra forma de pensar y, ante la perspectiva de que otras ideas contrarias sean difundidas y empiecen a incrementar simpatizantes, nos rebelamos y a contraatacamos poniendo más y más límites.

Es cierto que la libertad debe presentarlos y que la defensa de valores y principios básicos requiere de normas que eviten su autodestrucción. Karl Popper en su obra “La sociedad abierta y sus enemigos”, publicada en el año 1945, formuló la denominada “Paradoja de la Tolerancia”. Con ella intentaba alertar sobre los peligros de ser excesivamente permisivo con las ideologías extremistas en las sociedades libres. Defendía que, tolerando a los intolerantes, éstos acabarían imponiéndose y convenciendo a amplios sectores de la ciudadanía, produciéndose finalmente la eliminación de la tolerancia como principio y valor de una comunidad. Dicho de otro modo, la tolerancia llevada al extremo puede resultar autodestructiva. En palabras del propio Popper, «la tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia (…) tenemos, por tanto, que reclamar en nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar la intolerancia».

Recientemente Donald Trump ha interpuesto diversas demandas por censura contra Google, Facebook y Twitter, a raíz de mantenerle expulsado de sus redes sociales, una medida que tomaron dichas compañías como consecuencia del asalto al Capitolio y de los bulos publicados por el ex presidente norteamericano referidos a un fraude electoral en Estados Unidos. Sin embargo el propio mandatario, que se queja de cómo afectaron a su libertad, censura también sin contemplaciones a quienes no piensan como él. Conviene recordar que la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York declaró  inconstitucional que el entonces inquilino de la Casa Blanca bloquease en Twitter a los usuarios críticos con sus políticas. Por unanimidad, los magistrados manifestaron que la acción de “bloquear” a aquellos que le cuestionaban a través de la red social implicaba una violación de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza dicha libertad. “La Primera Enmienda no permite a un funcionario público que utiliza las redes sociales con fines oficiales excluir a personas de un diálogo abierto en Internet por el hecho de que hayan expresado opiniones con las que el funcionario no esté de acuerdo”, detalló el juez Barrington Parker. Se trata de un buen ejemplo de cómo alguien clama por su libertad al mismo tiempo que limita la de los demás, y se queja de la censura pero la ejerce al mismo tiempo, en función de su subjetiva ideología.

Nuestros Tribunales, tanto internos como internacionales, proclaman con rotundidad que la libertad de expresión ampara, no sólo las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también las que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. El límite tendrá lugar cuando lo que se difunda incite, promueva o justifique el odio basado en la intolerancia. Es en este punto donde tiene cabida el concepto del “discurso del odio”, caracterizado por justificar y propiciar la discriminación de grupos vulnerables.

No obstante, es preciso subrayar que los peligros de la difusión de ideas o discursos que pueden terminar afectando a la esencia de los valores y libertades de una sociedad se sustenta en el presupuesto de que buena parte de su ciudadanía va a asumir dicho discurso intolerante, es decir, que ideas extremistas de todo signo calan y convencen a personas que integran  comunidades libres y democráticas. Cabría, por lo tanto, analizar tal hecho a fin de atajar correctamente el problema. La pregunta sería cómo es posible que en sectores norteamericanos persista todavía el Ku Klux Klan, o partidos nazis en Alemania, o dictaduras comunistas extendidas por el planeta, o fenómenos de fanatismo religioso. Si sumamos a quienes odian a los negros, a los migrantes, a los cristianos, a los musulmanes, a los indigentes, a las mujeres y a tantos otros colectivos, la cifra resulta verdaderamente sangrante. A casi doscientos cincuenta años vista desde el surgimiento de las revoluciones liberales y de las Constituciones, resulta muy desolador constatar que, ante el reto de la libertad, continuamos siendo unas sociedades demasiado inmaduras.

Experimentos jurídicos peligrosos

Se ha anunciado desde el Gobierno de la Nación que a partir del próximo 9 de mayo, fecha en la que pierde vigencia el actual Estado de Alarma, no existe intención de prorrogarlo. Al mismo tiempo, se lanza también el mensaje de que ello no significa que la situación de peligro derivada de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus haya acabado ni esté a punto de finalizar. Es más, se insiste de forma contundente en que continuarán siendo necesarias medidas restrictivas y que, a partir de ese concreto día, serán las Comunidades Autónomas las que, cada una por su cuenta, establecerán las normas a cumplir para contener y combatir la enfermedad.

El Estado de Alarma otorgaba cierta cobertura jurídica a buena parte de las limitaciones a la movilidad y a las demás restricciones que venimos soportando los ciudadanos. El artículo cuarto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio habla literalmente de “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”, como presupuesto de hecho que habilita a la declaración de dicha situación excepcional y, expresamente, permite la limitación de “la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”, o también de intervenir “locales de cualquier naturaleza”.

El decaimiento del Estado de Alarma supone una buena noticia si, efectivamente, no van a ser necesarias las restricciones asociadas a él. Lo que no tiene ningún sentido es suprimir la cobertura jurídica que permite implantar y exigir todas las medidas asociadas a la lucha contra la enfermedad que requieren la limitación de algún derecho fundamental para, acto seguido, transmitir a la sociedad que van a tener que continuar suportando dichas limitaciones y que cada Comunidad Autónoma impondrá las prohibiciones que considere oportunas. Estado de alarma y limitación de Derechos Fundamentales forman un binomio lógico que dota de cierta seguridad jurídica a estos periodos de incertidumbre y caos, de tal manera que pretender separarlos y continuar con uno pero sin el otro es una temeridad.

Da la sensación de que no se ha aprendido nada, habida cuenta que este escenario ya lo hemos vivido. Desde que finalizó el primer Estado de Alarma en junio de 2020 hasta que comenzó el actual en octubre del mismo año, sufrimos unos meses en los que las Autonomías impusieron cierres perimetrales y prohibiciones varias sin una clara habilitación constitucional o legal, sometiendo a la sociedad a una grotesca inseguridad jurídica y haciéndola testigo de decisiones contradictorias y diferentes de sus correspondientes Tribunales Superiores de Justicia. Ahora se pretende de nuevo acudir a la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para defender tales actuaciones y, personalmente, no puedo estar de acuerdo con esta afirmación. Dicha norma faculta a tomar determinadas decisiones con el fin de controlar “enfermedades transmisibles”, si bien habla literalmente del “control de los enfermos” y de “las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos”, no de la totalidad de la población. Y, aunque también permite adoptar otras disposiciones usando la expresión de “que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”, no cabe considerar en modo alguno que tal frase equivalga a un “cheque en blanco” para hacer cualquier cosa. Conviene recordar cómo han interpretado la doctrina y la jurisprudencia la expresión “podrá adoptar las medidas necesarias” que contiene el tristemente famoso artículo 155 de nuestra Constitución y que en absoluto constituye una puerta abierta a cualquier idea u ocurrencia que se le pase por la cabeza al gobernante de turno. Además, usar la Ley Orgánica 3/1986 como si pudiese sustituir sin diferencia alguna al Estado de Alarma, sería vaciar de contenido la normativa sobre Estados excepcionales y dar la espalda a toda una construcción jurisprudencial sobre cómo, cuándo y por qué se pueden limitar los Derechos Fundamentales.

Más parece que nuestro Gobierno está realizando una serie de experimentos jurídicos peligrosos sin valorar ni ponderar sus consecuencias, entre ellos anunciar (apenas veinticuatro horas después de la entrada en vigor de la Ley 2/2021, que impone el uso de mascarillas en espacios públicos y al aire libre) que pretende revisar o modificar la aplicación de dicha norma legal por medio de una decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España. Otra patada a los manuales de fuentes del Derecho y otro disparate jurídico que acarrearía el suspenso de los alumnos de las Facultades de Derecho que dieran semejante respuesta en un examen. No ha lugar, pues, a estos experimentos de riesgo en el ámbito jurídico, aunque algunos dirigentes persistan en jugar con fuego a la hora de adoptar decisiones e imponer medidas.

Banderas y símbolos como conflicto democrático

Se presupone que los símbolos están llamados a generar una respuesta emocional positiva entre las personas que se sienten representadas por ellos. Banderas, escudos e himnos aglutinan adhesiones entre quienes hallan en ellos signos comunes que evocan unos mismos principios, valores o creencias. Ya se trate de una Nación, una religión o un equipo de fútbol, sus emblemas oficiales representan un intangible. Como estableció el Tribunal Constitucional en su sentencia 94/1985, de 29 de julio, “el símbolo trasciende a sí mismo para adquirir una relevante función significativa al ejercer una función integradora y promover una respuesta socioemocional, contribuyendo a la formación y mantenimiento de la conciencia comunitaria”.

Sin embargo, la simbología se está convirtiendo de un tiempo a esta parte en fuente de conflictos de convivencia ciudadana. Ocurre así con determinados elementos que, en modo alguno, deberían usarse para enfrentar a los individuos, pero que las rencillas políticas y las mezquinas estrategias partidistas utilizan como arma arrojadiza en vez de como paradigma de riqueza cultural y paz social. Si las lenguas oficiales fueron las herramientas precursoras de estos enfrentamientos, ahora son las banderas las que reciben tan lamentable testigo.

El Tribunal Supremo ha dictado recientemente una sentencia de fecha 26 de mayo de 2020 en la que establece la siguiente jurisprudencia: “Se fija como doctrina que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.

La resolución judicial se originó a raíz de un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el que se reconoció una bandera no oficial (la denominada “bandera de las siete estrellas verdes”) como uno de los símbolos colectivos con los que se siente identificado el pueblo canario, ordenándose el izado de la misma en un lugar destacado del citado consistorio.

La decisión del TS se sustenta sobre varios argumentos. El primero, la manifiesta contradicción entre la normativa oficial que establece cuál es la bandera oficial de Canarias y la decisión municipal. El segundo, la reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional manifestando que las Administraciones Públicas no son titulares del derecho a la libertad de expresión, que sólo pueden detentar las personas físicas de modo individual. El  tercero, el hecho de que un Ayuntamiento no puede ir más allá de su concreta esfera de competencias. El cuarto, la afirmación obvia de que unas formaciones políticas, por más que representen el sentir mayoritario de una institución, no convierten en legal ni válido lo que no lo es, pues están obligadas a moverse dentro de los márgenes que la Constitución y el ordenamiento jurídico imponen.

Sea como fuere, la decisión judicial ha desatado una gran polémica, habida cuenta la práctica habitual de enarbolar diversas banderas coincidiendo con fechas determinadas o festividades señaladas. A mi juicio, un Ayuntamiento puede efectuar declaraciones institucionales que vayan acompañadas del izado de banderas no oficiales si los manifiestos están conectados con alguna de sus competencias (por ejemplo, conforme al artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Municipio ejercerá como competencia propia la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la lucha contra la violencia de género), pero fuera de esos supuestos, se debe limitar a ejecutar la normativa vigente de obligado cumplimiento sobre símbolos oficiales.

No obstante, el asunto tampoco termina ahí. Muchos países incorporan en sus leyes penales castigos por ultrajes a los símbolos propios. El caso de Alemania es más significativo si cabe, ya que la semana pasada entró en vigor una norma que sanciona a cualquier ciudadano que destruya o dañe en público una bandera, incluso si pertenece a un Estado extranjero. Esta postura choca con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera un ejercicio de libertad de expresión la quema de la bandera o de la foto de un Jefe de Estado para exteriorizar un sentimiento de aversión o una discrepancia política. En similar sentido, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sentenciado que la quema de la bandera nacional en manifestaciones pacíficas no constituye delito, sino que es un acto protegido por la Primera Enmienda de la Constitución, referida al derecho a la libertad de expresión.

En conclusión, se ha convertido a las banderas en otro campo de batalla para pugnas políticas y problemáticas jurídicas, evidenciando una enorme habilidad para generar conflictos que entorpezcan una deseable convivencia en armonía. La enfermiza capacidad humana para transformar en un problema de desunión de primer orden lo que, en su origen, se había diseñado como espacio de integración, ha alcanzado ya la categoría de peligrosa patología. El enésimo ejemplo de que esa etiqueta de especie más racional de planeta con la que nos gusta definirnos nos queda enormemente grande.

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