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Los abusos de las Administraciones Públicas en materia de personal

Las Administraciones Públicas disfrutan de notables privilegios que se intentan fundamentar sobre viejas teorías cada vez más discutibles en la práctica. Se parte de que defienden el interés general frente a los intereses meramente personales y subjetivos de cada uno de los ciudadanos y, aunque en muchas ocasiones así sea, no es una regla matemática infalible, ni siempre se usan esas potestades públicas desorbitadas (en comparación con las que posee el simple particular) de forma correcta. Uno de los aspectos en los que resulta más notorio cómo las Administraciones Públicas usan su posición de superioridad de forma espuria y desviándose de lo que debería ser su pleno sometimiento al Derecho y al interés general es el relacionado con el ámbito de su personal.

Durante los últimos años, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha constatado y sentenciado cómo las Administraciones Públicas españolas (la estatal, la autonómica y la local) vulneran de manera reiterada tanto la normativa europea como su propia legislación interna, llevando a cabo la contratación temporal del personal de modo fraudulento. Se ha acuñado el término “abuso de la temporalidad” para referirse a una serie de trabajadores del sector público (interinos, eventuales, etc…) que acumulan lustros y hasta décadas en una situación de eterna temporalidad ilegal.

Obviamente, las dimensiones de este problema son diferentes cuando afecta al sector privado, donde también existen empresas que contratan irregularmente a sus empleados y abusan de las modalidades de contratos temporales. Sin embargo, y a diferencia del sector público, aquí sí existe una normativa clara que se impone y aplica cuando tal fraude se demuestra y se denuncia. Existen sanciones para dichas empresas, existen Inspectores de Trabajo que levantan actas de sanción y existe una normativa clara aplicable por los Juzgados de lo Social. Por desgracia, en el sector público la situación se torna bien distinta. Las Administraciones Públicas no se controlan a sí mismas, se sitúan por encima de las normas que exigen en el ámbito privado y enarbolan su posición de superioridad (basada en esa teórica defensa del interés general) para librarse de cualquier sanción o repercusión derivadas de las vulneraciones de los derechos de sus trabajadores.

España arrastra aproximadamente veinte años de retraso en la transposición de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, sobre el trabajo de duración determinada para el sector público. Para el sector privado, sin embargo, sí se encargó de realizar los cambios legislativos necesarios para el cumplimiento de los mandatos europeos, fortuna que no se extendió al ámbito de las contrataciones temporales de las Administraciones Públicas. Como consecuencia, ha logrado una mayor impunidad a la hora de mantener sus nefastas políticas de personal, y que se centran en tres claros y flagrantes incumplimientos: a) incumplen la normativa de la Unión Europea sobre la contratación temporal; b) incumplen la propia normativa interna sobre cómo, cuándo y por cuánto tiempo se puede usar la contratación de eventuales e interinos; y c) incumplen su propia normativa sobre la periodicidad con la que deben convocar los procesos selectivos para la provisión de plazas de funcionarios y cumplir así con el mandato constitucional de acceder a la Función Pública respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que, a través de reiteradas sentencias, afee y denuncie tan lamentable situación, producida y perpetuada por las propias Administraciones Públicas españolas. La jurisprudencia del citado tribunal se podría resumir diciendo que existe abuso en la contratación temporal del personal público cuando se utilizan empleados públicos temporales para atender necesidades que no son provisionales, esporádicas o coyunturales, sino ordinarias, estables y permanentes. Sí es legal el uso de eventuales e interinos, pero tales figuras están pensadas e ideadas por nuestras leyes para supuestos concretos y para una duración determinada. Sin embargo, las Administraciones recurren de forma indiscriminada a tales modalidades de contratación con el fin de cubrir sus necesidades permanentes, dando lugar a una situación de supuesta temporalidad que se eterniza en el tiempo.

Ante esta realidad que afecta a decenas de miles de personas, el Derecho de la Unión Europea obliga (no recomienda, sino que obliga) a los Estados miembros a sancionar los abusos en la contratación temporal de los empleados públicos, y establece la necesidad de sancionar a esa Administración abusadora y de compensar a las víctimas del abuso con una medida sancionadora efectiva, proporcionada y disuasoria que presente garantías de protección de dichos empleados públicos temporales y elimine las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión.

Pues bien, la Administración española, en un ejercicio de cinismo jurídico sin precedentes, se excusa en las mismas normas que vulnera para evitar compensar a esos trabajadores que han sufrido el abuso de la contratación temporal y no ser tampoco sancionada por sus prácticas ilegales durante décadas. Así, alega los principios constitucionales de “igualdad, mérito y capacidad” en el acceso a la Función Pública (que ella misma ha pisoteado al no convocar en tiempo y forma los procesos selectivos) para impedir que estos trabajadores puedan consolidar los puestos que, en algunos casos, llevan más de veinte años ocupando. Igualmente, alega su propio incumplimiento en la transposición de la Directiva comunitaria para negarle eficacia directa y eludir cualquier tipo de repercusión negativa. En definitiva, usa su negligencia como arma para que los afectados por el abuso en la contratación temporal se queden sin la compensación a la que tienen derecho.

Constituye una vergüenza y una manifiesta ilegalidad el proceder que, de forma organizada, han perpetuado durante décadas nuestras Administraciones Públicas con la contratación de sus interinos y eventuales. En estos momentos, los Tribunales son la única esperanza para este colectivo, habida cuenta el desinterés y la desidia de los responsables políticos. Porque, lo crean o no, también las Administraciones Públicas están sometidas al Derecho. También están sujetas a responsabilidad. Y ya va siendo hora de que la impunidad de la que han disfrutado injustamente durante tanto tiempo termine.

La lenta y progresiva eliminación de los aforamientos en nuestro ordenamiento jurídico

El 6 de noviembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, el primero de los Estatutos de Autonomía que suprimieron los aforamientos en España. Posteriormente otros siguieron su senda. Este mismo año ya ha entrado en vigor la Ley Orgánica 1/2021, de 15 de febrero, de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y la Ley Orgánica 2/2021, de 23 de marzo, de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria. Iniciativas similares se están tramitando en Baleares y acaba de comenzar a caminar con el mismo objetivo el anteproyecto para la Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Esta tendencia se enmarca dentro de las iniciativas para la regeneración de la Política. De hecho, es muy ilustrativo el preámbulo de la Ley Orgánica que procedió a la modificación del estatuto murciano. El legislador lo explicaba reconociendo la “prolongada crisis de confianza de la ciudadanía en el sistema político y en las instituciones” y proponiendo para erradicar ese fenómeno “la eliminación de determinadas situaciones que en el momento que vivimos (…) son consideradas por la sociedad a la que representamos como un privilegio y no como un derecho”.

El aforamiento implica alterar las reglas ordinarias sobre la competencia judicial penal a determinados cargos públicos, las cuales tendrán que ser investigadas y juzgadas por determinados tribunales diferentes de los que están señalados para el resto de la ciudadanía. Conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional 159/1991 de 18 de julio, se configura como “toda norma de competencia que atribuya a determinados órganos jurisdiccionales el conocimiento de determinados asuntos, en razón de la calidad de las personas en ellos implicados. Es una norma de carácter procesal como lo son todas aquellas que establecen o distribuyen la facultad de conocer y resolver cualesquiera otros a los diferentes órganos jurisdiccionales”.

A nivel estatal, según el artículo 71.3 de nuestra Constitución “en las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. Y el artículo 102.1 de la misma norma atribuye el mismo “privilegio” al Presidente del Gobierno y sus ministros. Los diferentes Estatutos de Autonomía contenían (y en algunos casos, siguen conteniendo) previsiones similares para los diputados y miembros de los gobiernos autonómicos.

Lo cierto es que en los últimos años se ha consolidado una corriente de opinión jurídica, académica y política en torno a la supresión de los aforamientos. El Consejo General del Poder Judicial en uno de sus informes, publicado el 27 de junio de 2014, analizó un anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, llegando a afirmar que el aforamiento “puede significar una afectación del principio de igualdad procesal, al extenderse más allá de los casos previstos por la Constitución y vinculados al Principio de Inmunidad”. También el Tribunal Supremo, en la sentencia de 3 de junio de 2014, denunció el elevado número de aforados en España afirmando que “la necesaria reducción de aforamientos que existe en el ordenamiento jurídico sólo puede resolverse desde la necesaria reforma legislativa residenciada en el Legislativo”.

Si nos limitamos a abordar esta cuestión desde el punto de vista de los cargos políticos en general y los parlamentarios en particular, el aforamiento se encuadra dentro de determinadas figuras jurídicas que pretenden garantizar el ejercicio adecuado de la representación política. Así, también nos encontramos con la inviolabilidad o la inmunidad. Bien es cierto que ese supuesto “privilegio” tiene algunas características que pueden ser perjudiciales para los beneficiados. Así, el derecho a la doble instancia penal se difumina, siendo éste un derecho básico en todo procedimiento de enjuiciamiento criminal, tal y como consta en la previsión del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. Lo anterior directamente se elimina cuando el primer juzgador es el Tribunal Supremo y se distorsiona cuando lo son los Tribunales Superiores de Justicia, toda vez que el recurso de casación no está configurado como una segunda instancia ni en él se procede a una revisión genérica de la valoración de las pruebas.

A lo anterior se une el argumento de que el político en activo y representante popular está más expuesto a las denuncias con motivaciones espurias o poco fundadas, con la única finalidad de judicializar la pugna política y desprestigiar al adversario. La antigua figura del “imputado” (que, pese a haberse aprobado una ley para la eliminación de ese término, se sigue usando mayoritariamente), actual “investigado”, se aplica a la persona sobre la que recae una acusación delictiva, sin que sea necesario que el juez que investiga adopte ninguna medida limitativa o restrictiva de libertad. En muchos casos el afectado puede estar “imputado” o “investigado” durante meses (o años) sin un auto que justifique de forma motivada su situación, más allá de la necesaria investigación judicial y la existencia de meras sospechas propiciadas por la denuncia de la parte acusadora. Es más, pese a la carga despectiva y ofensiva del término, en puridad, el concepto “imputado” o “investigado” tiene su razón de ser jurídica como mecanismo de garantía de los derechos de esa persona ante el proceso penal, por mucho que se utilice como arma arrojadiza. Por ello, tradicionalmente se han defendido los aforamientos como una forma de paliar la sobreexposición a las denuncias penales.

Sin embargo en nuestra sociedad la figura del aforamiento se percibe actualmente sólo como privilegio caduco y sin sentido, razón por la cual se ha iniciado una serie de reformas para su eliminación. Incluso a nivel nacional el 25 de enero de 2019 se llegó a publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales un Proyecto de reforma de los artículos 71, apartado 3, y 102, apartado 1, de la Constitución Española, remitido por el Gobierno. Si bien dicha reforma no eliminaba el aforamiento como tal, lo reducía y matizaba vinculándolo a cuando el delito investigado estuviese vinculado con el ejercicio del cargo. La pretendida reforma constitucional cayó en el olvido, pero la tendencia sigue su curso en las Comunidades Autónomas.

No todas las respuestas se encuentran en el ámbito del Derecho

Percibo de una forma cada vez más acusada la tendencia a traducir en norma jurídica varios aspectos de las relaciones sociales, así como ciertos anhelos y deseos a los que aspira el ser humano como miembro de la sociedad. Se pretende convertir en “derecho”, en “sanción” o en “prohibición” cuestiones impensables hasta hace poco tiempo. Es cierto que las normativas son vehículos importantes (en ocasiones, los únicos) para garantizar los cambios colectivos y el progreso comunitario. Los profesores de Derecho Constitucional solemos enseñar la evolución de los derechos por fases históricas, pues cuando surgieron las primeras Constituciones o Declaraciones de Derechos no existía el denominado “derecho al medio ambiente” ni, obviamente, el reciente “derecho a acceso a internet”, que ya ha hallado plasmación en diversas resoluciones de la ONU e, incluso, se ha incorporado a alguna de las más modernas Cartas Magnas. Asimismo, y al margen de la esfera específica de los derechos, se produce una circunstancia similar con las legislaciones sancionadoras y las destinadas a prohibir conductas.

Sin embargo, toda norma jurídica responde a unos planteamientos concretos y posee una estructura determinada, que no siempre se amolda a las aspiraciones de la Humanidad. La buena educación (entendida como cortesía y amabilidad de unos con otros) constituye sin duda un noble empeño, pero no procede legislar para imponer el dar los “buenos días” por las mañanas. Igualmente, casi nadie cuestiona las bondades y ventajas del aseo personal, pero no parece necesario regular la periodicidad entre ducha y ducha ni imponer multas ante su hipotético incumplimiento. Cabe establecer un margen para el cumplimiento voluntario de pautas comúnmente aceptadas, siendo cada individuo quien asuma la necesidad de adoptar como propias una serie de reglas básicas, lógicas y sensatas. A lo sumo, será el rechazo del prójimo la reacción que conlleven los comportamientos educativamente rechazables.

Pese a ello, sin embargo, se ha instalado la querencia a vestir jurídicamente propósitos que no encajan en esa vestimenta. Publicar una norma en el Boletín Oficial del Estado no obra como herramienta mágica que convierta un deseo, por muy ético y loable que resulte,  en realidad, y lo transforme en Derecho Fundamental. El “derecho subjetivo” -en general- y el “derecho fundamental” -en particular- se alzan como conceptos que responden a unas características establecidas y, precisamente por eso, no todo vale.  Desde el punto de vista jurídico, un derecho implica la capacidad de exigencia de su titular y, correlativamente, la obligación de cumplimiento de un tercero, ya sea una persona física o una Administración Pública, pudiendo reclamarse dicho cumplimiento ante un tribunal. Tal estructura (derecho-obligación-reclamación judicial) presenta una configuración incapaz de admitir algunas iniciativas, por muy moral y encomiable que sea su objetivo.

Otra de las diferencias que nos afanamos en trasladar los docentes constitucionalistas es la existente entre Derecho, Derecho Fundamental y Principio Rector, siendo este último un delimitado mandato a los Poderes Públicos para que orienten sus políticas hacia el logro de unas metas (el pleno empleo, el retorno de los inmigrantes españoles, una vivienda digna para todos, etc…), sin que por sí mismos basten para, ante su no consecución, sustentar una demanda contra alguien. En su caso, se podrían presentar reivindicaciones individualizadas cuando los citados poderes públicos, en cumplimiento de dicho mandato, desarrollasen políticas a partir de las cuales comenzaran a surgir los derechos en cuestión.

En un intento de combatir el drama de la soledad, escucho hablar del derecho a no estar solo, creándose en países como Japón hasta Ministerios y leyes sobre la materia. La propia Declaración de los Derechos del Niño -aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas- refleja el “derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad”.  Obviamente, no seré yo quien acoja con desdén semejante utopía, aunque sí afirmo que, por mucho que duela, no puede calificarse como “derecho”. Se pueden incluir, en cuantas declaraciones y tratados se redacten, frases que manifiesten el “derecho a ser feliz” o el “derecho a sentirse querido” pero, de ese modo, se admite, si quiera inconscientemente, la posibilidad de crear unos derechos imposibles de ser reclamados jurídicamente. Con ello, se confunde a la ciudadanía y se devalúa el concepto de “derechos”, generando falsas expectativas a quienes se consideran titulares de los mismos pero que, sin llegar a entenderlo, comprueban con decepción que no pueden ni disfrutarlos ni, menos aún, reclamarlos.

Mi pregunta es la siguiente: ¿necesita realmente nuestra sociedad tener todo regulado bajo el paraguas de una norma jurídica? ¿Acaso no deberíamos movilizarnos ante  la soledad de un anciano sin crear para ello un Ministerio? ¿Sólo somos capaces de responder ante una pandemia por la vía de la sanción y la prohibición? Si las respuestas son afirmativas, es obvio que nuestra educación cívica es un fiasco y nuestro sentimiento de pertenencia a la comunidad, una ficción. En definitiva, que estamos fracasando como especie.

Mitos y leyendas electorales

Una vez finalizada la campaña electoral y celebrados los comicios madrileños (tan criticados por el tono incendiario de los discursos, la pugna dialéctica de bajo nivel de los candidatos y lo que se ha venido a denominar -y casi, a aceptar- “polarización”), me gustaría realizar una serie de reflexiones sobre la base y la esencia de la Democracia. La teoría es perfecta e idílica. En el discurso de Gettysburg en 1863, Abraham Lincoln pronunció su célebre frase “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, que sirve como cimiento y estructura del modelo democrático que se estudia en las Universidades. No obstante, esa Democracia “de manual” se topa con algunas realidades prácticas que van desdibujando esa visión utópica de las elecciones de los representantes por parte del pueblo:

1.- La libre elección del votante: el ciudadano es libre para decidir su voto, libre para escoger a las personas que le representen y libre para decantarse por la opción política con la que se identifique, pero el espacio en el que desarrolla esa libertad es muy pequeño. Las listas son cerradas y bloqueadas. El votante, cuando opta por una formación política, se tiene que circunscribir estrictamente al orden y a los componentes de una plancha impuesta por el aparato del partido. Algo así como las lentejas: si quieres las tomas y, si no, las dejas. Su libertad llega únicamente hasta ahí. Quienes al final se presentan como representantes del pueblo son, en realidad, una extensión del cabeza de lista y, por ello, le deberán lealtad a él en vez de al ciudadano que introdujo la papeleta en la urna. Además, la mayoría de los estudios concluyen que un amplio porcentaje de los electores votan, no tanto para que ganen las siglas que han escogido, cuanto para que pierdan las contrarias. En el fondo, no se trata de querer a quienes ocupen los escaños del Parlamento y después del Gobierno, sino de no querer a sus rivales. En definitiva, nos hemos convertido en una especie de Democracia en negativo.

2.- Los programas electorales: en principio, constituyen la base del “contrato” entre el ciudadano que vota y el cargo público que resulta designado. Un partido y una plancha de candidatos presentan un conjunto de propuestas a desarrollar en la legislatura que va a comenzar. Un texto repleto de objetivos ambiciosos, tareas loables y promesas de cambio. Sin embargo, lo cierto es que casi ningún elector lo lee y, lo que es peor, aunque lo hiciese y decidiese su voto en función de lo leído, ningún mecanismo garantiza su cumplimiento. En la práctica, existen más vías de defensa para un consumidor víctima de la publicidad engañosa de un producto o de un servicio que para un votante estafado por un programa electoral que ejerce de mero anzuelo, de formalidad sin efecto. Y tal realidad viene siendo consentida por la ciudadanía, no me atrevo a decir si por resignación o por simple aceptación.

3.- Los mítines electorales: están pensados como vehículo de transmisión del mensaje político al elector, para convencerle de que vote a una concreta opción. Lamentablemente, a ellos sólo acuden los convencidos, es decir, quienes ya tienen decidido su voto. Incluso las gradas y los asientos se reservan a militantes y simpatizantes que garantizan los aplausos y vítores al candidato, con independencia de su discurso. Se trata de demostraciones de fuerza para reflejar en los medios de comunicación el número de adeptos dedicados a ondear banderas y corear nombres. Puro marketing planificado para que periódicos, televisiones, radios y redes sociales amplifiquen la imagen de un partido con sólidos apoyos y amplio respaldo. También en este punto observo que la gente se ha acomodado a la forma de difusión de dicho mensaje, como si de la publicidad de una marca de bebidas o de vehículos se tratase.

4.- Los debates electorales: ideados como la herramienta perfecta para la confrontación de las capacidades de cada candidato y la validez de sus propósitos, sirven para comparar argumentos y propuestas. Lástima que, por regla general, las únicas capacidades puestas de relieve sean las de descalificar al contrario y enturbiar la dialéctica con toda clase de reproches, cuando no de insultos. Los problemas reales -Educación, Sanidad, Justicia, entre otros…- quedan relegados, por no decir ignorados, para beneficio de diferentes escándalos más o menos relevantes metidos con calzador con la única finalidad de arrinconar al rival. Puntalmente salen a colación los servicios públicos esenciales, pero siempre con escasas posibilidades de sacar algo en limpio. No hay nada como la multiplicidad de Administraciones y la consiguiente duda sobre las competencias respectivas para lanzarse unos a otras las culpas de los desastres. A la postre, el electorado se divide entre quienes tienen claro su voto porque afrontan su participación en las elecciones con la misma devoción con la que el hincha de un equipo de fútbol defiende sus colores o el fanático religioso augura el apocalipsis de los demás credos, y quienes, sin la decisión aún tomada, se sienten huérfanos de opciones convincentes a las que aferrarse.

Caben más reflexiones pero, de momento, aquí me quedo. Esa utópica, idílica y ensalzada Democracia del “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” se parece cada vez menos a lo que enseñan los libros y manuales de Derecho y Ciencia Política. Obviamente, somos y debemos ser una Democracia. No pretendo afirmar lo contrario. Pero ¿cuánto se parece la Democracia que tenemos a la que queremos? ¿Cuánto se ha incrementado en los últimos tiempos la distancia entre la primera [la que tenemos] y la segunda [la que queremos]? Hagámonos esas preguntas antes de que la Democracia, en lugar de en la solución, se convierta en el problema.

Ministros-magistrados y Magistrados-ministros

Fernando Grande-Marlaska, actual Ministro del Interior y antiguo Magistrado de la Audiencia Nacional, ha acaparado portadas y titulares de los medios informativos con ocasión de dos noticias que evidencian la nociva y dañina influencia que ejerce la Política sobre el ámbito de la aplicación del Derecho. Tanto la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8 de fecha 31 de marzo de 2021 (que anuló el cese del ex Coronel Jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos), como las prácticas de entrada en domicilios particulares sin orden judicial (dentro de las medidas de vigilancia y cumplimiento de las restricciones impuestas por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), han demostrado cómo el jurista ha dado paso al político y, con ello, cómo el pensamiento partidista y la ideología han anulado por completo el razonamiento jurídico y el respeto a los principios, valores y derechos básicos en una sociedad libre y constitucional.

En el fondo, estamos simplemente ante otra muestra de degradación de nuestro sistema, inicialmente construido e ideado para controlar y limitar al Gobierno y a quienes ejercen el poder político, pero que, desde hace tiempo, está evolucionando hacia un régimen en el que quienes detentan dicho poder acaparan y concentran más y más facultades, y aprueban y adoptan más y más decisiones, restringiendo el ámbito de libertades del individuo y convirtiendo en controlador al órgano controlado, todo ello bajo el pretexto de defender un supuesto interés general que deciden ellos mismos, amparándose en la legitimidad que les otorga el hecho de haber accedido a sus cargos a través de cauces democráticos.

Tener que escuchar a un otrora juez defender la entrada de la Policía en un domicilio sin consentimiento de sus titulares y sin resolución judicial, sosteniendo sin ruborizarse ni titubear siquiera que, si el inmueble ha sido alquilado bajo un régimen de arrendamiento vacacional, pierde su condición de morada, o que la investigación del cumplimiento de medidas administrativas puede considerarse un delito flagrante, únicamente certifica la degradación de nuestro sistema constitucional. A raíz de esta pandemia habrá un antes y un después en el mundo del Derecho y, a buen seguro, podremos hablar de secuelas importantes para nuestro ordenamiento jurídico cuando esta enfermedad nos abandone. Porque presenciar las declaraciones de un Ministro de un Gobierno de un Estado constitucionalista que, a su vez, es un Magistrado al que se le presupone un amplio conocimiento normativo, ignorando de forma palmaria una serie de derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, y negando reiteradamente la jurisprudencia asentada y consolidada de nuestros Tribunales Supremo y Constitucional, nos debe alertar sobre el rumbo que está tomando esta forma de Estado a la que presuntuosamente nos gusta denominar Estado Social y Democrático de Derecho, aunque a renglón seguido olvidemos groseramente en nuestro día a día el significado de dichos términos.

En la película “Candidata al poder” (2000), el protagonista dice una frase que resume muy bien mi mensaje: “Los principios sólo significan algo si nos atenemos a ellos también cuando nos resultan inconvenientes». Lo cierto es que se nos llena la boca de valores, derechos y principios legales pero sólo cuando nos conviene, porque, en cuanto nos resultan engorrosos o molestos, prescindimos de ellos con una insultante facilidad.

Sobre la sentencia relativa al cese del ex Coronel Diego Pérez de los Cobos, su mera lectura demuestra cuán cerca se halla de los conceptos de “abuso de derecho”, “desviación de poder” e, incluso, de alguna figura delictiva. Literalmente se declara probado que dicho cese se produjo por su negativa a informar al Gobierno sobre unas investigaciones derivadas de un procedimiento judicial que, por expreso mandato legal y por orden judicial, estaban amparados por la reserva y el secreto. En su fundamento jurídico decimoquinto, la resolución judicial dice: “No podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban, tanto a la Unidad Orgánica de Policía Judicial como a sus superiores, en este caso al Sr. Pérez de los Cobos, esto es, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal”. Tal extracto tendría que avergonzar a cualquier persona, con independencia de sus ideas o su pertenencia a un partido. Por ello, debería existir un consenso dirigido a depurar responsabilidades. Sin embargo, en España, o se utilizan las sentencias como armas arrojadizas o se niega la mayor, en función del bando en el que se milite.

Mi crítica, que en realidad es una llamada a la reflexión, no va en contra de ninguna ideología ni formación política, sino de actitudes, comportamientos y actos concretos provenientes de las más variadas siglas. Va en contra de desnaturalizar nuestro sistema constitucional. Va en contra de continuar por la senda de concentrar más y más poder en el Gobierno, al margen de su signo. Va en contra de justificar cualquier tipo de barbaridad por el mero hecho de que provenga de un cargo ocupado con legitimidad electoral. Y, sobre todo, va en contra de una ciudadanía aletargada que asiste, pasiva e indolente, a todos estos hechos. En contra de quienes, por pura estrategia partidista, defienden una postura y la contraria, prescindiendo de cualquier análisis objetivo. Más aún, en contra de esos grupos que, por culpa de su manifiesta irresponsabilidad, sirven de argumento a los que mandan para seguir convirtiendo su poder limitado y controlable en un poder ilimitado y fuera de control.

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