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El oscurantismo en la agenda del Tribunal Constitucional

Siempre se menciona la tardanza como uno de los males de la Administración de Justicia. Así, los informes anuales del Defensor del Pueblo insisten en trasladar las quejas generalizadas de los ciudadanos a causa de la lentitud en la resolución de los litigios. Dicho problema adquiere una dimensión especial cuando se analiza dentro de la Jurisdicción Constitucional. Nuestro TC resulta errático y desconcertante en atención a los tiempos que tarda en resolver los recursos e impugnaciones que recibe. Aun así, existen supuestos en los que las dilaciones son completamente inaceptables e impropias de una institución de tal relevancia para un Estado Democrático. Cabe mencionar la sentencia 16/2003 de 30 de enero, que resolvió varios recursos de inconstitucionalidad presentados diez años antes contra la Ley 38/1992. O, más ilustrativo todavía, el recurso contra la regulación de la Ley del Aborto del año 2010, que continúa a la espera de sentencia y sin perspectivas de resolución en un futuro próximo.

A lo anterior se añade el asunto de la gestión de su agenda, es decir, de las decisiones que impulsan unos procedimientos y aletargan otros, sin control, publicidad ni explicación alguna. Existen procedimientos similares cuyos tiempos de respuesta son muy dispares. Tan pronto se solucionan impugnaciones recientes como caen en el olvido otras más antiguas, sin que ningún mecanismo lo fiscalice o figure un cauce de información al respecto. Y, cuando eso sucede, cuando unas causas se agilizan y otras se arrinconan sin inspección y sin transparencia, se acaba cayendo en la arbitrariedad.

La relevancia del tema no admite discusión. Por citar algunos ejemplos recientes, sirvan las sentencias sobre el Estado de alarma (dictadas cuando su vigencia ya ha concluido) o la referente a la prisión permanente revisable (anunciada seis años después de la ley que implantó dicha pena). A todo ello se suman las consecuencias económicas que semejante tardanza acarrea a la ciudadanía. En 2016, el Tribunal Constitucional anuló buena parte de las denominadas «tasas judiciales», tardando casi cuatro años pero limitando los efectos de esa declaración de inconstitucionalidad al afirmar que «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas», de tal manera que su dilación en resolver afectó patrimonialmente a muchísimas personas (y no sólo a las que abonaron dichos importes contrarios a nuestra Constitución y a quienes, pese a ello, no les devolvieron lo pagado, sino a aquellas que no se pudieron permitir acudir a los Tribunales para defender sus derechos, ya que no disponían de capacidad económica para afrontar las citadas tasas).

Algo similar ocurre con la reciente sentencia que anuló parte del Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de Medidas Urgentes de Protección de los Consumidores en Materia de Cláusulas Suelo, referentes a los pactos y devoluciones entre consumidores y entidades financieras. La norma regulaba, a favor de la banca y en perjuicio de los consumidores, puntos como el abono de las costas judiciales.  Pues bien, pese a declarar inconstitucional dicha regulación más de cuatro años después, los efectos de tal nulidad no serán aplicables para miles de ciudadanos, ya que de nuevo el TC evita que su sentencia se aplique retroactivamente. Por lo tanto, también esa tardanza ha afectado al bolsillo de numerosos afectados.

Debe quedar muy claro que no se solicita un imposible. Su homólogo Consejo Constitucional francés tardó apenas unas semanas en sentenciar uno de los recursos sobre las medidas aplicables por la gestión de la crisis sanitaria. La normativa enjuiciada era de finales del mes de julio y el Alto Tribunal vecino dictó su decisión el 5 de agosto. Volviendo a España, cuando el órgano encargado de la defensa y salvaguarda de nuestra Constitución resuelve los denominados «recursos de amparo electorales», altamente condicionados por unos plazos breves en atención al inicio de la campaña electoral y la celebración de elecciones, cumple a la perfección y sentencia a gran velocidad. Ello significa, pues, que los tiempos de respuesta exigidos no son inasumibles.

Obviamente, la cuestión estriba en la falta de control de la agenda del Tribunal Constitucional y en aquellos plazos procesales que, al no estar sometidos a un obligado cumplimiento, se convierten en papel mojado, posibilitando que existan recursos de vital trascendencia que terminen relegados, olvidados y sin solución durante años, cuando no durante décadas. De hecho, en no pocas ocasiones el tiempo termina por resolver lo que los Magistrados no pueden o no quieren. A veces, preceptos legales recurridos terminan siendo antes derogados o modificados por legisladores futuros salidos de nuevos comicios que enjuiciados por el propio Tribunal Constitucional, archivándose «por pérdida sobrevenida de objeto». Dicho de otro modo, se hallaba pendiente un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un artículo pero, como ya no existe por haber sido posteriormente derogado, el TC se evita la sentencia tras una espera de años.

El artículo setenta y nueve de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional regula un recurso específico contra las reformas de los Estatutos de Autonomía. Allí se dice que, en ese caso concreto, la sentencia deberá dictarse «en el plazo improrrogable de seis meses», añadiendo además que «el Tribunal dispondrá lo necesario para dar cumplimiento efectivo a esta previsión, reduciendo los plazos ordinarios y dando en todo caso preferencia a la resolución de estos recursos sobre el resto de asuntos». Este artículo nunca se ha aplicado, dado que esa impugnación nunca se ha ejercitado desde su aprobación en 2015. Sin embargo, señala una senda de plazos «improrrogables» que convendría estudiar. Sea como fuere, urge implantar a la mayor brevedad un superior control, transparencia e información sobre la agenda de nuestro Tribunal Constitucional.

El abecedario del maltrato habitual

Recientemente el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia confirmando una condena impuesta por maltrato habitual, así como por amenazas y agresión sexual, en ambos casos de forma continuada y todo ello dentro del ámbito familiar. La relevancia de la misma radica en que ofrece lo que se ha denominado como el “abecedario del maltrato familiar”, una enumeración de la “a” a la “z” de las características de este tipo delictivo, de tal forma que constituye un breve manual de Jurisprudencia que, a buen seguro, se usará con frecuencia a partir de ahora por el resto de Tribunales. Las veintisiete reglas que fija nuestro T.S. son las siguientes:

a.- Con el maltrato habitual, el bien jurídico que protege el artículo 173.2 del Código Penal (en adelante CP) es la pacífica convivencia entre personas vinculadas por los lazos familiares o por las estrechas relaciones de afecto o convivencia.

b.- En la mayoría de ocasiones, la única prueba con entidad suficiente para sustentar la condena del acusado será precisamente el testimonio de la víctima, por lo que no puede prescindirse de la misma. La declaración de dicha víctima puede ser prueba de cargo bastante.

c.- Mediante el maltrato habitual se ejerce un clima de «insostenibilidad emocional» en la familia mediante el empleo de una violencia psicológica de dominación, llevada a cabo desde la violencia física, verbal y sexual.

d.- Mediante el maltrato habitual, el autor de este delito ejerce y pone de manifiesto el mensaje que pretende trasladar a los miembros del núcleo familiar mediante una subyugación psicológica, que pone de manifiesto a través del ejercicio de la violencia.

e.- El maltratador habitual desarrolla así con su familia un mensaje claro y diáfano de lo que podríamos denominar “jerarquización de la violencia familiar”.

f.- Se sanciona la misma habitualidad, por cuanto supone un plus de reprochabilidad penal.

g.- El maltrato habitual en la violencia doméstica es un delito autónomo cuyo bien jurídico protegido es la integridad moral de la víctima. Su forma de manifestación puede ser física, pero también psicológica, pudiendo causar incluso en algunos casos más daño a las víctimas el psicológico que el físico, por cuanto puede que ni tan siquiera lleguen a percibir que están siendo víctimas.

h.- Además, en lo que atañe a la relación concursal entre el delito de maltrato habitual del artículo 173.2 CP y los delitos de maltrato individual del artículo 153.1 CP, recuerda la doctrina que el delito del artículo 173.2 CP mantiene su autonomía respecto de los eventuales tipos que puedan resultar de los actos violentos que, repetidos, constituyen su sustrato y esencia.

i.- El delito del artículo 173.2 CP se consuma cuando la actuación se manifiesta de manera habitual y determina la creación de una convivencia insoportable para la víctima, la cual vive y respira en una situación de miedo, depresión y ansiedad.

j.- La conducta que se sanciona en el art. 173.2 es distinta de las concretas agresiones cometidas contra esas personas, lo que se corresponde con el inciso final del precepto, que establece la pena para la violencia habitual sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.

k.- En los casos de maltrato habitual que se prolonga a lo largo del tiempo, puede haber concreción o no de fechas, y puede ser difícil que la víctima o víctimas las recuerden con detalle.

l.- La habitualidad no es un problema aritmético de número mínimo de comportamientos individualizados que han de sumarse hasta alcanzar una determinada cifra.

ll.- La apreciación de ese elemento de habitualidad depende, pues, de la atmósfera general de superioridad y de dominio hacia la víctima.

m.- La habitualidad, así configurada, responde a un concepto criminológico-social más que jurídico-formal. Será conducta habitual la del que actúa repetidamente en la misma dirección, con o sin condenas previas.

n.- El maltrato habitual genera la existencia de un solo delito, aun cuando ese clima habitual violento pueda afectar a varias personas.

ñ.- El tipo del artículo 173.2 CP se aproxima a la categoría de los delitos de Estado que no aparecen vinculados a una concreta identidad de la persona víctima, pudiendo ser una o varias.

o.- Con el maltrato habitual se ejerce un ambiente infernal e irrespirable que envolverá la convivencia, a partir de los actos de violencia o cosificación dirigidos en el tiempo sobre la misma o diferentes personas, resultando incluso indiferente que algunos de tales actos hubieren sido ya enjuiciados.

p.- El número de personas directamente afectadas por dicho clima violento duradero, como la frecuencia con que se reiteren los actos de violencia, la naturaleza concreta de los comportamientos o el daño que los actos de dominación puedan irradiar a los demás integrantes de la unidad familiar, servirán como parámetro para evaluar los indicadores de antijuridicidad de la acción y el alcance de la culpabilidad del responsable.

q.- El maltrato habitual se configura con unas características de especial crueldad en el autor. Aunque sean actos que aisladamente pueden conllevar una penalidad reducida, la reiteración en esos hechos provoca un doble daño en la víctima, lo que agrava el padecimiento de las víctimas de violencia de género y doméstica.

r.- El maltrato habitual produce un daño constante y continuado del que la víctima o víctimas tienen la percepción de que no pueden salir, y del acoso de quien perpetra estos actos.

s.- En el maltrato habitual puede que el silencio haya sido prolongado en el tiempo hasta llegar a un punto en el que, ocurrido un hecho grave, se decida finalmente a denunciar.

t.- El retraso en denunciar la víctima los actos de maltrato habitual no puede ser tenido en cuenta para minimizar la credibilidad de su declaración.

u.- Ello va unido a que, cuando la víctima se decide a denunciar, pase a un escenario de incremento del riesgo para su vida.

v.- En el maltrato habitual, la inexistencia de denuncias previas no es entendible como si la declaración de la víctima no sea cierta o sea inexacta.

x.- Que la víctima se decida, al final, a denunciar los malos tratos habituales tras un hecho de gravedad, no altera su credibilidad.

y.- La redacción del art. 173.2 CP, que sanciona la mera conducta habitual del maltrato como tipo penal autónomo, tiene una específica misión de impartir un mayor reproche penal a una conducta tan execrable como lo es el maltrato reiterado.

z.- La relación de sometimiento psicológico que provoca el maltrato, y que puede plasmarse en graves secuelas psíquicas, determina la paralización de tomar decisiones libres a la víctima, ya que no es consciente de que esté siendo victimizada.

Abuso de la contratación temporal en las Administraciones Públicas: Secretos y mentiras

El Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, contó con una convalidación de lo más atípica en el Congreso de los Diputados. En una primera votación se llegó a un empate a 170 votos entre los que apoyaron y los que se opusieron a la norma. En una segunda votación, el resultado de 170 a 169 evidenció una deserción entre quienes inicialmente rechazaron la medida, y terminó saliendo adelante junto con el compromiso de tramitar como Proyecto de Ley el texto del citado Real Decreto, dejando formalmente abierta la puerta a modificaciones. Por ello, ahora se ha abierto un plazo de enmiendas para que los Grupos Parlamentarios puedan proponer cambios a la redacción nacida del Gobierno del Estado.

El problema presenta una enorme trascendencia. Varios cientos de miles de trabajadores públicos se hallan afectados y España lleva ya dos décadas de retraso en el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea que pretende controlar, limitar y sancionar a las Administraciones Públicas que abusen de la contratación temporal para cubrir sus necesidades permanentes. Durante estos veinte años, el Estado, las Comunidades Autónomas y los entes locales han actuado con una cómoda impunidad, utilizando las contrataciones de interinos y eventuales sin ningún control, y con el arrogante descaro que les proporcionaba la total ausencia de normativa interna que diese cumplimiento a los mandatos comunitarios.

Muchos años y muchos esfuerzos han sido necesarios para aglutinar una continua jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reiteradamente sentencia contra España criticando sus políticas públicas de personal. También existe un expediente abierto de la Comisión Europea contra nuestro país a cuenta de este asunto. Sin embargo, nuestros dirigentes no se sienten compelidos ni preocupados por el tema, dado que, hasta ahora, las soluciones propuestas para acabar con la citada temporalidad ignoran y dan la espalda a esas resoluciones y advertencias que proceden de Europa.

Y no es solamente eso sino que, directamente, mienten. En el Preámbulo del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (que procede del Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio) se puede leer literalmente que “el TJUE comparte la postura, defendida por España, de que no cabe en nuestra Administración la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente”, lo cual es falso. Sin embargo, semejante mensaje es difundido por los canales oficiales con la misma impunidad con la que han actuado en esta materia durante tantísimos años.

Ahora bien, lo que evidencia la total falta de voluntad para afrontar la cuestión con rigor y honestidad es la ausencia de un reconocimiento efectivo del verdadero problema que encierra. En ningún momento, ni en el articulado ni en la Exposición de Motivos de la norma, se asume ese retraso de veinte años en cumplir con la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo sobre el trabajo de duración determinada. Ni una sola línea en donde se entone un “mea culpa” por el abuso en la contratación temporal durante todo este tiempo. Y, por supuesto, una total ausencia de asunción de las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

No existe ni un precepto destinado a definir qué trabajadores se entiende que se encuentran en abuso de la temporalidad, como tampoco ninguno para reconocer su derecho a una compensación por ello. De modo que, salvo que efectivamente en este trámite de enmiendas se produzca un cambio sustancial, el Real Decreto-Ley 14/2021 fue, y la futura ley será, una pantomima que pretende ocultar una grotesca realidad: que normativamente no existirá reconocimiento ni resarcimiento alguno para cientos de miles de personas que han sufrido unas políticas de personal arbitrarias por parte de las Administraciones Públicas. Mientras se ha inspeccionado y sancionado en el sector privado a los empresarios que irregularmente recurrían a los contratos temporales, al mismo tiempo el sector público ha gozado de una sonrojante impunidad en idéntico terreno.

En definitiva, salvo que en las Cortes Generales se cambie radicalmente lo aprobado por el Gobierno de la Nación, a los interinos y eventuales en abuso de la temporalidad sólo les quedará acudir a los Tribunales de Justicia y esperar que las normas y sentencias comunitarias no se ignoren por el Poder Judicial como se están ignorando por los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Pero, incluso aquí, la situación resulta incomprensible. Actualmente, los juzgados y tribunales que tramitan y juzgan las reclamaciones de los empleados públicos temporales con un vínculo laboral, se someten a unas pautas y formas de aplicar las leyes diferentes de los que mantienen un vínculo administrativo. Dicho de otro modo: los criterios de la Sala Tercera (de lo Contencioso Administrativo) y de la Sala Cuarta (de lo Social) del Tribunal Supremo no son coincidentes a la hora de definir quién está en situación de abuso de la contratación temporal y quién no, generando así una discriminación inasumible entre unos trabajadores públicos y otros.

Herramientas útiles, inútiles e inconstitucionales en la lucha contra el coronavirus

Cuando el Gobierno de la Nación decidió no aplicar ninguno de los Estados excepcionales y encomendó a las Comunidades Autónomas luchar contra la pandemia dentro del margen de actuación de nuestra legislación ordinaria (entendida como tal la que se emplea cuando no está vigente los Estados de alarma, excepción o sitio), repitió hasta la saciedad que las Autonomías contaban con “herramientas suficientes” para combatir el problema sanitario derivado del coronavirus. Lo sucedido posteriormente, además de generar un aumento intolerable de la inseguridad jurídica, ha acabado por demostrar que tal afirmación era falsa.

Las CC.AA. trataron de seguir recurriendo a algunas de las medidas implantadas durante la vigencia del Estado de alarma, pero sin contar con la cobertura jurídica de dicha normativa excepcional. Sirvan como ejemplo los toques de queda, los cierres perimetrales o las restricciones en la hostelería y en otros sectores, todo ello supuestamente al amparo de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Sin embargo, el número de resoluciones judiciales que o anularon o no avalaron tales decisiones de los Ejecutivos autonómicos, unido a la diversidad de sentencias y autos de los Tribunales que, en función de las localidades afectadas, daban la razón o no a dichos Gobiernos, derivó en un escenario inédito, incomprensible y jurídicamente insostenible.

Galicia legisló incluso sobre la vacunación obligatoria (norma recurrida y suspendida por el Tribunal Constitucional) y Canarias, primero, y otras Comunidades Autónomas después, exigieron presentar el certificado de vacunación para entrar en locales comerciales (medida también anulada a posteriori por la Justicia). Se dibujó así un panorama sanitario, político y jurídico muy difícil de asumir por la ciudadanía, que a día de hoy continúa asistiendo atónita a unos vaivenes no siempre explicados ni razonados convenientemente.

El lunes 30 de agosto, el Consejo de Gobierno de Canarias comenzó a estudiar un Decreto Ley, finalmente aprobado el jueves 2 de septiembre, el cual, pese a su invocada “extraordinaria y urgente necesidad”, todavía no ha sido publicado en el Boletín Oficial, algo anormal en este tipo de normas. El Decreto Ley parece ser aprobado a la desesperada tras los severos varapalos judiciales a muchas de las decisiones tomadas por el Ejecutivo isleño para lidiar contra la denominada “quinta ola” del Covid-19. En cualquier caso, no se transmite la impresión que este Decreto Ley vaya a traer la tan reclamada seguridad jurídica a este complejo galimatías. Es más, la apariencia de inconstitucionalidad que pesa sobre esta nueva norma continúa presente, a tenor de lo difundido por el propio Gobierno Canario sobre su contenido.

De entrada, da la sensación de haberse dictado con el propósito de eludir el aval judicial a las medidas sanitarias que exige el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Dicho de otro modo, hasta este momento las medidas de los Gobiernos autonómicos debían ser respaldadas por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma. Además, cualquier particular podía impugnarlas ante los Tribunales si consideraba que lesionaban sus derechos. Desde ahora, al figurar dichas medidas en una norma con rango de ley, parece querer sortearse dicho aval previo de la Justicia e impedir que los ciudadanos acudan directamente al Poder Judicial. Si, efectivamente, la razón última de la decisión del Gobierno de Canarias es sustraerse al control judicial tras haber recibido unos notables reveses del Tercer Poder, semejante objetivo es ilegítimo y vicia el contenido de la norma. Y, pese a que en sus ruedas de prensa el Ejecutivo regional niegue ese propósito, lo cierto es que es imposible no sospechar a tenor del objeto de la norma.

Conviene también recordar que los Decretos Leyes no pueden regular cualquier cuestión. Cada Estatuto de Autonomía impone las materias vedadas al Decreto Ley, pero a ellas hay que sumar las que figuran en el artículo 86 de la Constitución, donde se impone que esta concreta norma no puede afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución. Así, pese a que los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias, Andalucía, Galicia, Cantabria o Islas Baleares negaron que se pudiera exigir un certificado de vacunación o una prueba diagnóstica para acceder a determinados recintos (decisión avalada posteriormente por el Tribunal Supremo), argumentando para ello la afectación a los derechos de los ciudadanos, el Gobierno de Ángel Víctor Torres ha usado este Decreto Ley para habilitar que algunas actividades laborales, tanto públicas como privadas, puedan exigir el certificado de vacunación completa o pruebas diagnósticas negativas del Covid-19.

Para rematar, hasta resulta discutible que Canarias posea la competencia para legislar como lo ha hecho (invocando el artículo 141 de su Estatuto de Autonomía), puesto que ese precepto sólo otorga a nuestra CC.AA competencia para la ordenación y ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública dentro del desarrollo legislativo y de ejecución de la legislación estatal.

En definitiva, asistimos a un desconcierto generalizado en el que el Gobierno de la Nación ha lanzado a las Comunidades Autónomas a luchar contra una pandemia con el falaz argumento de que “contaba con herramientas suficientes” para ello.  La realidad demuestra más bien todo lo contrario: que las Autonomías se han visto abocadas a combatir sin armas eficaces y sin un ordenamiento jurídico que les proporcione la necesaria cobertura para ello.

Criticar o atacar al Tribunal Constitucional

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer Estado de alarma estimó parcialmente un recurso de inconstitucionalidad, declarando contrarias a nuestra Constitución algunas de las medidas contenidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, especialmente las referidas a la libertad de circulación, y que derivaron en un confinamiento domiciliario. La resolución ha generado un gran revuelo pero, más allá de lo discutible que se pueda considerar, sorprende la virulencia y agresividad de determinados ataques que ha recibido el Tribunal o, más concretamente, algunos de sus Magistrados, ya que van más allá de la crítica a su decisión para derivar en la ofensa personal y el insulto profesional.

Puede calificarse de lamentable el espectáculo generado, incluso, desde dentro de la propia institución, en la que por primera vez, que yo recuerde, uno de los miembros ataca a sus compañeros en su voto particular a la sentencia con una serie de adjetivos impropios de su condición, un hecho que posteriormente el autor reconoció y rectificó, publicando la web del Tribunal una nota en la que, además de  anunciar una nueva versión suavizada de dicho voto, expresaba sus disculpas y asumía que había proferido hacia sus colegas expresiones desafortunadas e inmerecidas.

Vivimos sin duda un periodo de especial crispación y mediocridad. La concepción partidista de la realidad, el fanatismo ideológico, la falta de grandeza y la permanente visión del contrario como el enemigo a batir han convertido el debate político en una pugna improcedente en atención a las responsabilidades que los dirigentes tienen entre manos. Basta presenciar algunos minutos de las denominadas “sesiones de control al Gobierno” para evidenciar cuán bajo ha caído la calidad de nuestros diputados y senadores, circunstancia de la que, por supuesto, es corresponsable el pueblo que los elige. Pero todavía resulta más preocupante, si cabe, que esta clase de batallas viscerales se trasladen a los campos judicial, informativo y académico, utilizando idéntico lenguaje hiriente, descalificador e insultante.

Es obvia la complejidad que entraña el tema de discusión y, ante la ausencia de precedentes del hecho enjuiciado, no creo que ninguna de ambas posturas pueda tildarse de disparate, tal y como se ha pretendido vender desde ciertos sectores. A mi juicio, ninguna solución u opción a tomar era perfecta, puesto que dejaría siempre algún cabo suelto, habida cuenta el uso inevitable de herramientas jurídicas obsoletas y, además, no creadas para enfrentar este concreto problema. El tamaño de la manta ofrecida por nuestro ordenamiento no resultaba suficiente para cubrirlo todo, de tal manera que, si se daba cobertura a una parte, se dejaba a otra al descubierto y sin completo amparo legal.

Según mi parecer, el presupuesto de hecho (crisis sanitarias, epidemias y situaciones de contaminación graves) encajaba bien en el Estado de alarma, pero las medidas necesarias para combatirlo se hallaban previstas en el Estado de excepción. Sin perjuicio de que, desde la lógica o desde la perspectiva sanitaria, el confinamiento se alzase como la vía más adecuada, desde el punto de vista jurídico no encajaba en el Estado de alarma. Tal vez la frontera que separa la limitación de un derecho de su suspensión resulte difusa pero, de la forma en la que se impuso, todo parece indicar que desbordaba las previsiones normativas. En un Estado de alarma se puede “limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”. Sin embargo, intentar incluir dentro de la anterior frase un confinamiento domiciliario es extender la interpretación jurídica a unos niveles excesivamente forzados.

Así las cosas, si yo me tuviese que decantar por una de las dos opciones, me sumaría a la posición mayoritaria del Tribunal, aunque sin tachar a quienes opinan en sentido contrario de “legos”, ni de ridiculizarlos acusándoles de recurrir a “disquisiciones doctrinales”. Reconozco que también poseen sus argumentos, si bien yo no los estimo suficientes ni los juzgo los más sólidos. En su caso, pienso que habría que modificar la normativa sobre emergencias sanitarias para evitar situaciones como las que hemos tenido que vivir.

Dicho esto, lo que no puedo compartir en absoluto ni considero una argumentación jurídica válida en un Estado Constitucional, es alegar la defensa del Gobierno como elemento determinante para decidir sobre la constitucionalidad o no de la medida que ha adoptado. He tenido que leer varias manifestaciones de queja sobre lo desamparado que queda el Ejecutivo ante futuras pandemias, o reflexiones sobre la necesidad de que la Justicia juzgue con cierta perspectiva de conservación de las decisiones de los Poderes Públicos por el mero hecho de ser Poderes Públicos. Volvemos a la teórica (y cada vez menos práctica) idea de que todo lo que proviene del Gobierno se realiza en interés general y que cualquier impugnación que reciba responde a intereses privados o subjetivos menos defendibles. A título particular, creo que semejante postura equivale a alejarse por completo de los valores del Constitucionalismo. La Constitución nació para limitar y controlar a los Poderes Públicos y para salvaguardar los derechos de los ciudadanos frente a los mismos. Esa es su esencia y esa esa es su razón de ser. Si pretendemos  convertir nuestro sistema en un conglomerado de garantías en favor de los Gobiernos, deberemos cerrar la etapa del Constitucionalismo y abrir otra centrada en otros valores y principios diferentes.

Y no crean que soy un defensor a ultranza del Tribunal Constitucional. En absoluto. He manifestado disconformidad con algunas de sus sentencias y, sobre todo, me escandaliza la oscura y aberrante forma de gestionar su agenda, tanto en el sentido de la tardanza en la toma de decisiones como en su  preferencia a la hora de agilizar unos temas y de ralentizar (o directamente hibernar) otros, hasta convertir en ineficaz su función. Me preocupa asimismo la desnaturalización del recurso de amparo, que ha desaparecido como mecanismo de defensa de los derechos de los ciudadanos para trocar en otra impugnación más objetiva para la defensa de la Constitución, y no para la protección subjetiva de los derechos de la gente. Por no hablar del alarmante bloqueo en la renovación de sus miembros, o de la politización de sus nombramientos. En definitiva, el Tribunal Constitucional es susceptible de críticas, pero no debe ser atacado como institución, ni padecer los vulgares métodos de la confrontación política en el análisis de sus sentencias y decisiones.

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